La Audiencia Nacional ha desarrollado este miércoles una segunda operación contra la corrupción, la dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata por operaciones irregulares del Consorcio Mercasa en Angola, en la que no se han producido detenidos, pero se vienen realizando registros desde anoche y se ha imputado a 10 personas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, han informado fuentes jurídicas.

Se da la circunstancia de que esta operación coincide con la realizada la misma mañana de este miércoles por otro juzgado de este órgano, el Central de Instrucción número 6 cuyo titular es Eloy Velasco, y ambos tienen en común la investigación de las actividades de la sociedad Mercasa.

Las actividades de esta entidad -actualmente consorcio Mercasa-Incatema-, formarían también parte de la amplia investigación que realiza Velasco y que incluye las diligencias conocidas hoy por irregularidades en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica que han propiciado la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Se da la circunstancia de que el hermano de éste es directivo de Mercasa.

Se trata de la primera ocasión en la que dos juzgados de la Audiencia Nacional se coordinan para una investigación de este tipo, según las mismas fuentes, siendo Mercasa el punto de conexión entre la investigación de ambos jueces.

La operación desarrollada contra Mercasa-Incatema por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José De la Mata, es una pieza separada del denominado "caso Defex", en el que se investiga la venta presuntamente irregular de armas a Angola por parte de esta empresa semi-pública.

Un pelotazo de 500 millones de dólares

Precisamente Angola sería el país en el que se habrían cometido los citados delitos objeto de la operación abierta este miércoles por De La Mata. Se investiga, concretamente a una serie de personas vinculadas a este consorcio que firmaron un contrato para montar un mercado mayorista -de la manera de Mercamadrid o Mercasevilla- en Luanda, capital del citado país africano.

Para ello, firmaron un contrato con la Administración pública angoleña por más de 500 millones de dólares por el que se obtuvieron comisiones ilegales que habrían desviado a su lucro personal, según las mismas fuentes.