Arrancan los primeros siete juicios por los despedidos en el Ayuntamiento

  • El gobierno local recurre a la contratación de los servicios de un abogado externo al gabinete jurídico municipal para afrontar todas las citaciones previstas, lo que hará que las costas globales aumenten

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Siete de los 19 juicios previstos (hasta marzo hay citados otros siete) por las demandas que otros tantos ex trabajadores municipales han interpuesto contra el Ayuntamiento por supuestos despidos nulos están desde ayer vistos para sentencia. El Juzgado de lo Social número 2 acogió ayer, en una multitudinaria y maratoniana sesión, las vistas de los siete primeros afectados, todos ex empleados de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y cinco de ellos afiliados a CGT, sindicato mayoritario en el Consistorio. Precisamente una supuesta persecución sindical por parte del actual equipo de gobierno local y la "vulneración del derecho de acción sindical" fueron las principales causas que esgrimió el abogado de la parte demandante, Benito Romero, para reclamar la nulidad de los despidos. Nulidad que, de dictaminarse finalmente, supondría la readmisión automática de los afectados, según recoge la legislación laboral.

El Ayuntamiento, que se ha tomado muy en serio el caso y ha llegado a solicitar, según ha contrastado este Diario con fuentes municipales, los servicios de José Antonio Ristori, un abogado especialista en Derecho laboral ajeno al gabinete jurídico municipal -con lo que eso puede conllevar de encarecimiento de las costas del proceso-, justificó su decisión en el hecho de que los despidos responden al Plan de Ahorro local puesto en marcha desde julio del año pasado y aseguró que, en ciertos casos, se estaría incluso ante un uso fraudulento de la acción sindical. Por lo que respecta a la contratación específica del jurista, fuentes municipales, sin especificar las cantidades que ya se han reservado en una provisión de fondos para la minuta de Ristori, lo achacaron a la "escasez de abogados en el gabinete jurídico y, en concreto, a la ausencia de un letrado especializado en Derecho laboral".

Volviendo a los juicios, según expuso Ristori durante una de las vistas, las listas sindicales del comité de empresa de la GMU -cuyas elecciones tuvieron lugar un día antes de la notificación de los ceses: el 26 de septiembre- corrieron sus puestos para que dos de las afectadas formaran parte del comité y blindar de ese modo sus puestos de trabajo. Y, al tiempo, el abogado también alegó que la mayoría de las afiliaciones al sindicato por parte de los afectados se produjeron justo en verano, cuando se anunció el citado Plan de Ahorro y se podía pensar ya en las posibles rescisiones de contratos.

Estos extremos fueron descartados, en declaraciones posteriores a los periodistas, por el secretario de jurídica de CGT, Adolfo Sánchez, que esgrimió que si hubo un mayor número de altas en la central en ese momento fue "porque en septiembre estaba previsto celebrar elecciones al comité de empresa". Asimismo, el representante sindical apuntó que el gobierno local negó en todo momento ante la opinión pública que fuesen a producirse despidos; y matizó, al igual que el abogado durante las vistas, que las dos miembros del comité están 'protegidas' simplemente por figurar en las listas sindicales, aun cuando no hubiesen resultado miembros electas del comité. Se desmonta de ese modo, a juicio de Sánchez, la teoría de una posible trama de sindicalismo fraudulento.

Hay que dejar claro, a todo esto, que en caso de que el juez declare los despidos improcedentes por estar hechos en fraude de ley y no conceda la nulidad, sería el Ayuntamiento el que decidiría si opta por la readmisión o por la indemnización, que sería "de una cuantía baja, pues la mayoría de los trabajadores no llevan ni dos años contratados". Sea como fuere, la solución en menos de un mes.

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