Marzo de 2007. Pacheco señala directamente y sin tapujos a Onda Jerez como una tapadera del gobierno municipal para colocar a dedo. En aquel momento el ente local estaba comandado por el PSOE. Al tiempo, admite, cono no poco cinismo, que en la Gerencia de Urbanismo, ya extinta, también han podido darse casos de enchufismo. "Habrá también, imagino... Dicen que es la casa de la Unión de Hermandades. Yo no he colocado a nadie. ¿Me entiende? "No hay ningún Pacheco, ningún Herrera, ni ningún Donaire, que es el apellido de mi mujer". Si algo hubiera realmente, la única certeza es que nada se ha denunciado hasta la fecha.

Pasan los meses. Octubre de 2007. El Partido Popular da carpetazo a la denuncia por un posible delito de prevaricación contra la alcaldesa, Pilar Sánchez, y el delegado de Recursos, Juan Manuel García Bermúdez, que les salpicó en plena campaña para las municipales. Una acusación que lanzó en primera instancia el letrado jerezano y ex militante socialista Francisco Javier García Páez. La renuncia popular se justificó en una excusa tan pobre como la falta de recursos para continuar con el proceso. Si se trataba de un tema tan grave, si se hablaba de inhabilitación, ¿por qué desistieron tan pronto? ¿Por dinero? Insólito.

Casi un año después, el pasado mes de septiembre, el gobierno municipal socialista anuncia que acudirá a la Fiscalía para denunciar al Partido Popular por supuestas contrataciones irregulares durante la etapa en la que María José García-Pelayo fue alcaldesa de Jerez, entre 2003 y finales de 2004. Actualmente, explicaron las mismas fuentes en su momento, los servicios jurídicos municipales ultiman el expediente contra el PP, que pidió formalizar, por medio del concejal Bernardo Villar, en aquel momento segundo teniente de alcalde, hasta cuatro contratataciones diferentes sin haber cursado "proceso selectivo alguno".

¿Qué queda en claro de todo lo anterior? Al margen del desprestigio de una clase política salpicada por la sombra del nepotismo, el enchufismo y la endogamia, cuestiones casi crónicas al poder, también queda patente la desidia e insensibilidad de la sociedad ante una cuestión, la de las colocaciones a dedo, que se adentra por la epidermis ciudadana de forma totalmente normalizada, como cuando aparecen atentados y muertos tirados por el suelo en el momento en el que un informativo generalista conecta con la invasión en Iraq. Comemos, miramos y callamos. La vida sigue. Nada cambia.

Un reconocido político municipal aludía sobre este particular que "se ha conseguido narcotizar a la población cuando se habla de enchufes y si alguien dice a otro que le han metido por filiaciones personales a trabajar en el Ayuntamiento, éste no le reprende ni censura, sino que la frase más usual en estos casos es directamente: acuérdate de mi".

Nadie ha llegado demasiado lejos en este terreno. Cruces de acusaciones, como se ha dicho, han llegado de todos los colores y siglas, pero sin consecuencias reales ni penales. Como si hubiese un pacto de no agresión que permite lanzar la piedra y esconder la mano hasta que se vuelva a lanzar con el paso del tiempo.

En los últimos años, espoleados por los conflictos entre partidos en el poder y por los vaivenes políticos en el Consistorio jerezano, coincidentes con la caída de un régimen político de 24 años consecutivos, las acusaciones de enchufismo no han dejado de sucederse. Eso sí, sin consecuencias.

En abril de 2005, prácticamente con el PSOE recién llegado a Alcaldía, el PP intentó sin éxito denunciar a Sánchez por "enchufismo" en la contratación de altos directivos ligados a la ejecutiva y a las filas socialistas. Posteriormente, ya con la mayoría absoluta en la mano, el delegado de Recursos anunciaba en el primer pleno ordinario del actual mandato, en junio del año pasado, que no habría "ni un solo enchufe en este gobierno". "Nadie entrara por la gatera", revelaba el edil en alusión al pasado reciente de la ciudad. Era como una obsesión. Luz y taquígrafos para contratar asesores, gente de confianza.

Y, en paralelo, siempre alusiones, sospechas, suspicacias, recelos, acusaciones vagas y sin consolidarse nada de lo dicho ante la Justicia. Como cuando hace justo un año el portavoz del PSA, Juan Román, arremetió igualmente contra la regidora socialista por colocar supuestamente a "su prima y su cuñada" en la Casa grande. "¿Sobran 17 trabajadores en Urbanismo y no sobran ni su cuñada, que trabaja en el Museo Arqueológico, ni su prima, que trabaja en la Biblioteca Municipal?", se preguntó en aquel momento el andalucista. Sánchez lo negó en redondo y ordenó al gabinete jurídico municipal que actuase contra tales acusaciones. ¿Alguien sabe en qué quedó aquella orden? Las acciones legales nuevamente fueron papel mojado. De nuevo el pacto de no agresión. Todos callan.