El Consejo de Ministros declaró ayer a la provincia de Cádiz zona afectada "gravemente" por una emergencia de protección civil. La decisión es una respuesta gubernamental a las recientes inundaciones, que han provocado daños estimados en unos 17 millones de euros en Los Barrios, en La Línea y en la comarca de La Janda. Aún falta saber los datos referidos a San Roque, por lo que esta estimación podría alcanzar o incluso superar la cifra de los 20 millones de euros. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, dijo ayer que el acuerdo permitirá "agilizar los trámites y dar una mayor efectividad y rapidez a las ayudas".

Sanz explicó que el acuerdo incluye las ayudas habituales que se conceden en situaciones catastróficas similares, como por daños materiales y personales, beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, entre otras. En la tramitación de las ayudas intervendrán varios ministerios. Según el delegado, "la magnitud de la emergencia y la necesidad de restaurar las condiciones de vida de los afectados justifican esta intervención, de acuerdo a los principios de solidaridad interterritorial".

Las ayudas correspondientes al Ministerio del Interior, explicó Antonio Sanz, contemplan la cobertura de daños personales y en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes, ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos y compensación a Ayuntamientos por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

El Ministerio de la Presidencia tramitará las ayudas a infraestructuras locales, que incluyen subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial.

Respecto al Ministerio de Hacienda, el acuerdo contempla beneficios fiscales, como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias, marítimo-pesqueras y locales de trabajo o similares, cuando los daños hayan obligado al realojamiento total o parcial de personas o bienes.

También se ha acordado la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de manera proporcional al tiempo de paralización de la actividad para las industrias, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros y para los profesionales cuyos locales de negocio hayan sido dañados y hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o de cierre temporal.

En lo relativo a las medidas laborales y de Seguridad Social, los despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan causa directa en los daños producidos por los acontecimientos catastróficos, así como las pérdidas de actividad en el sector marítimo-pesquero, de la hostelería y hospedaje tendrán la consideración de fuerza mayor.

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia obtendrán una moratoria de un año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores a la producción del siniestro.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente atenderá las peticiones de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.