El juzgado de instrucción número 4 de Jerez continúa instruyendo las diligencias previas por la denominada 'operación hamelín' que permitió detectar una posible estafa superior a 12 millones de euros a mediados del año pasado, tan sólo en supuestas operaciones de compraventa de viviendas, y por la que dos jerezanos, D.G.C. y M.V.B.M., están imputados e ingresados en prisión provisional mientras sigue la causa judicial contra ellos.

La defensa del segundo de los encartados ha solicitado recientemente la concesión de su libertad provisional en una vistilla celebrada el pasado jueves basándose en que carece de antecedentes penales y policiales y no hay presumible riesgo de fuga y de eludir la acción de la Justicia. Además, se incide en que "esas cantidades no han enriquecido en ningún momento" al precitado sujeto.

El caso fue conocido públicamente a mediados de mayo de 2007. La Policía informó oficialmente de que la unidad especializada Udyco había detenido a dos personas por un posible delito de estafa multimillonaria con decenas de afectados entre Jerez, Cádiz, Sevilla, Madrid y Barcelona. La base de operaciones estaba radicada en una nave de un polígono industrial de la ciudad, llegando a contar incluso con una oficina en la céntrica calle Tornería.

De acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en las actuaciones figuran hasta 72 posibles perjudicados por supuestas operaciones de compra y venta de viviendas que "nunca" se llegaron a entregar y que uno de los imputados, D.G.C., manifestó a sus 'clientes' que obtenía "gracias" a supuestos contactos privilegiados que le informaban de embargos judiciales de fincas y automóviles. Tan sólo en viviendas el fraude puede superar los 12 millones de euros ya que, además, como constan en las actuaciones, que acumulan varios tomos a estas fechas, figuran numerosas supuestas estafas con coches con un valor mínimo de unos 18.000 euros cada uno de ellos. La Policía señaló sobre este tema que los vehículos eran adquiridos por los detenidos en concesionarios, principalmente de Madrid, a precio normal de mercado, que era muy superior al que eran vendidos a los compradores finales.

Las pérdidas sufridas por la empresa en los vehículos entregados se veían rápidamente compensadas con los ingresos por nuevas ventas que lograban, consta en las actuaciones. Varios concesionarios y entidades bancarias están ejerciendo la acusación particular en el caso que, por lo que conoce este medio, sigue bajo investigación judicial por su complejidad y ante el elevado número de afectados por un caso que comenzó a investigarse por la denuncia de un particular.

Es difícil precisar, por tanto, cuándo se podría llegar a dictar o no auto de procesamiento de los dos detenidos y el posterior juicio oral. A priori ambos podrían enfrentarse a peticiones de condena de hasta ocho años de prisión.