La sociedad pública que gestiona el circuito de velocidad, Cirjesa, cerró el año 2013 con un ligero superávit. Según los datos aportados en junio del pasado año, la empresa había aprobado entonces unas cuentas con un positivo de 107.000 euros, unos 500.000 euros menos que en 2012. No obstante, el gobierno local del PP consideró que dicho resultado era muy positivo y que corroboraba que el trazado estaba saliendo de sus problemas económicos y había iniciado el camino de la "estabilidad financiera", según palabras del entonces portavoz municipal y vicepresidente de Cirjesa, Antonio Saldaña.

Un año después, la realidad es completamente distinta. A pesar de que las cuentas de las sociedades debieron ser formuladas antes del 30 de marzo, lo cierto es que se formularon la de todas las sociedades menos las de Cirjesa. Por ello, desde el nuevo gobierno local tras conocer los datos señalan que "ahora podemos saber que ha habido un empeño por parte del gobierno del PP en que no se conocieran antes de las elecciones los resultados tan negativos y desastroso de las cuentas de Cirjesa".

Una comparativa entre 2013 y 2014 permite ver este cambio de tendencia tras el inicio de la recuperación económica de Cirjesa. En concreto, 2013 tuvo un resultado negativo de la explotación de -34.926 y cerró el ejercicio con un resultado positivo de: 107.739 euros. Además, la deuda con los acreedores comerciales llegó hasta los 1.459.064 euros. Sin embargo, las cuentas del pasado año 2014 dan un resultado negativo de la explotación muy superior al de 2013 al llegar hasta -814.108 euros. Igualmente, el resultado del ejercicio pasó de ser positivo a negativo, al cerrar 2014 con -930.735. La deuda con los acreedores comerciales también creció exponencialmente hasta alcanzar los 3.131.163 euros el pasado año.

Con el circuito en números rojos, el nuevo gobierno municipal del PSOE se enfrenta ahora al reto de devolver la estabilidad al trazado jerezano. No obstante, hay que tener en cuenta que el cierre en negativo de las cuentas 'choca' con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración locales. En concreto, en la disposición adicional novena punto 2 se especifica que "aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio". Igualmente, añade que "a estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad".

Del mismo modo, la ley especifica que "si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015".

Estos plazos solo se ampliarían hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, "cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros". Una excepción que evidentemente no afecta al circuito de velocidad que no es un servicio público indispensable.

Ante este panorama y tras conocer el cierre del ejercicio 2014 de Cirjesa, la alcaldesa socialista Mamen Sánchez va a encargar un estudio jurídico para saber si el circuito puede estar en esa situación de disolución automática. Asimismo encargará una auditoría que permita saber qué es lo que ha pasado en el año 2014 para que se haya producido un incremento tan significativo de deuda. "García-Pelayo y el PP en su política de ocultación a los jerezanos no quisieron se conociera estos datos antes de las elecciones municipales. El compromiso de este gobierno socialista es el de la transparencia total y ahora los ciudadanos van a saber la verdad", ha asegurado la regidora socialista.