El presunto cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, ha reclamado en la Audiencia Nacional que se le absuelva en la causa en la que se investigan las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Jerez concedió a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004, y ha denunciado la "notoria situación de indefensión" y de "desigualdad" en la que se encuentra con respecto al resto de imputados al ser defendido por un abogado de oficio.

En su escrito de defensa, el abogado de Correa defiende que su cliente "se limitó a ejercer su actividad empresarial" sin cometer delito alguno y desarrolló su desempeño profesional en el "estricto cumplimiento" de la ley. En todo caso, precisa que los ilícitos estarían prescrito al haber transcurrido más de diez años desde la supuesta comisión hasta su imputación.

Dicho esto, pone de relieve que el considerado jefe de la Gürtel se encuentra en una "notoria situación de indefensión y desigualdad" con respecto al resto de acusados, puesto que su abogado, adscrito al turno de oficio, no ha contado con los "recursos técnicos, humanos ni económicos mínimos" ni se han atendido sus peticiones de suspensión o ampliación de plazos.

"Contrasta mi situación con la de las demás partes procesales, tanto en el juzgado como la Fiscalía, tienen equipos dedicados en exclusiva o preferentemente a este procedimiento, y los demás imputados tienen contratados despachos, no solo un letrado, que además de atender a este caso ha de defender con las mismas garantías al resto de clientes del turno de oficio y de su cartera privada", expone el letrado.

El abogado recuerda que tiene que defender a Correa en cinco piezas separadas del 'caso Gürtel', como es la seguida por la primera época de actividades de la trama, en la que su representado se enfrenta a una petición fiscal de 125 años de cárcel; o por las contrataciones del Ayuntamiento de Jerez, la Generalitat Valenciana o la empresa pública Aeropuertos y Navegación Aérea (Aena).

Por todo ello, el letrado se muestra convencido de que Correa está viendo "vulnerados" sus derechos fundamentales y está siendo privado de un "procedimiento equitativo", algo que le deja en una situación de indefensión y podría dar lugar a la nulidad del procedimiento.

En este contexto, el abogado invoca el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que reconocen a todo acusado el derecho a "disponer del tiempo y las facilidades necesarias" para preparar una defensa "efectiva".

Dicho esto, denuncia la "ambigüedad" del escrito de acusación de la Fiscalía, que no especifica los hechos "concretos" que permiten acreditar que su patrocinado ha influido en las contrataciones investigadas.

En todo caso, defiende que los trabajos contratados fueron efectuados a "satisfacción de la parte contratante" y el proveedor se encontraba "perfectamente legitimado para recibir el pago de unos trabajos efectivamente realizados".

Finalmente, el abogado ha impugnado la totalidad de los documentos de este procedimiento, por el que el juez José de la Mata abrió el pasado enero juicio oral contra nueve personas, al sostener que su firma no ha sido reconocida por Correa ni objeto de una prueba pericial caligráfica.