impuesto de sucesiones

Dame quince y llévate ocho

  • Una familia jerezana renuncia a la herencia de un tío que legó dos viviendas (600.000 euros según el Catastro) a un sobrino y un ahijado

Vista aérea del centro de Jerez, donde se encuentran ambas viviendas. Vista aérea del centro de Jerez, donde se encuentran ambas viviendas.

Vista aérea del centro de Jerez, donde se encuentran ambas viviendas. / pascual

Esta es otra historia del drama que para muchas familias supone el Impuesto de Sucesiones que la Junta aplica en Andalucía. El caso tiene nombres y apellidos, pero la familia prefiere mantenerse en el anonimato "porque la muerte fue muy dura y los hechos posteriores muy desagradables". Además, el fallecido era una persona muy conocida en Jerez.

Hace dos años que esta persona falleció de un cáncer prácticamente fulminante, era viudo y en dicho momento tenía pareja. Era una mujer divorciada que, pese a todo, no quiso contraer matrimonio en última instancia por problemas burocráticos. Si lo hubiera hecho el caso habría dado un giro radical. Pero no fue así.

Al no tener descendencia, decidió que su patrimonio pasara a manos de su sobrino y de un ahijado, los más jóvenes parientes que tenía a su lado. Desconocía que legar a personas que no siguen la línea directa padre-hijo supone una serie de costes "absolutamente disparatados", responde José Manuel, cuñado del testador. Y así fue.

El Impuesto de Sucesiones en Andalucía es, más que un tributo, una tormenta perfecta en la que la pequeña barca que es la existencia de los ciudadanos acaba naufragando. Entre los componentes de esta tormenta se encuentra, de forma destacada, un Catastro absolutamente inflado y, de otro lado, una tributación sencillamente bárbara.

En el caso que nos ocupa, el fallecido dejó a su sobrino y su ahijado dos viviendas, ubicadas en el centro de Jerez (omitimos el lugar donde están las mismas para evitar problemas de expolio). El referido Catastro inmobiliario valora cada una de ellas por encima de los 300.000 euros, es decir, más de 50 millones de las antiguas pesetas. Ambas vienen a sumar una cantidad superior a los 618.000 euros, casi 120 millones de pesetas. Por el contrario, en esta tormenta, de otro lado se encuentra el valor real de ambas que en el momento del fallecimiento ascendía a 85.000 euros... por ambas.

A todo esto la Junta de Andalucía entra en acción y solicita nada menos que 156.000 euros en impuestos a los sucesores. La situación con la que se encuentra la familia es, sencillamente, dramática: "Mantener un legado familiar, sabiendo perfectamente que vas a pagar una enorme cantidad de dinero sin posibilidad siquiera de recuperar una parte. Es imposible".

El asunto pintó tan turbio que la familia 'beneficiada' (entiéndase con toda la ironía) por esta herencia se puso en manos de abogados, los cuales, tras comprobar toda la documentación "nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer es renunciar a la herencia. Y eso fue lo que hicimos".

El sentimiento que le queda a la familia es como si les hubieran estafado. "Ha sido un robo. Estamos indignados pues sabemos que lo que harán después será sacarlas en subasta y alguien se la quedará por prácticamente nada".

Entre las pocas esperanzas que les queda a la familia "está que al menos tengan la deferencia de entregárselas a alguna ONG que haga en ellas una buena labor, como sabemos que ya ha sucedido en otros lugares. De otra forma lo único que habrán conseguido es quitarle un patrimonio legítimo a dos jóvenes y entregárselo a otra persona con mayor poder adquisitivo".

En la cabeza de los miembros de esta familia el 'run-rún' desde hace dos años es constante. "El fallecido estuvo pagando impuestos toda su vida por dichas propiedades y quieren que se siga pagando por lo mismo después de muerto. No es justo". A todo esto hay que añadir que en todo este tiempo "nadie de la Administración se ha dirigido a nosotros y nadie se ha preocupado por el estado de los inmuebles". Las casas siguen cerradas.

La familia reconoce que en el caso de un testamento que hubiera beneficiado a hijos los pagos habrían sido inferiores, pero también recuerdan que si este mismo caso se hubiera producido en Canarias "habríamos pagado 1.200 veces menos y si hubiera acontecido en Madrid se hubiera tenido que pagar 100 veces menos".

La situación ha deparado que unos bienes que podrían haber ayudado a salir adelante a varias personas, desde a su pareja a su sobrino y su ahijado, han sido abandonados a su suerte y, a buen seguro, serán subastados con un valor ínfimo.

Para la familia, "lo ideal en estos casos sería que se creara una comisión que realizara labores tales como ajustar el valor del Catastro a la realidad y seguir otras líneas de actuación cuando la línea padre-hijo simplemente no existe. Así evitarán que pensemos siempre que nos han robado".

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