La Fiscalía Anticorrupción viene trabajando de forma directa con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Jerez a partir de un par de denuncias tramitadas y formuladas por su actual alcaldesa, Pilar Sánchez. Ambas salpican de lleno al ex alcalde de la ciudad durante 24 años y concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Pedro Pacheco, que ya ha sido denunciado nominalmente por la Fiscalía ante los juzgados de Instrucción de la ciudad por supuestas contrataciones irregulares de dos estrechos colaboradores igualmente imputados, José López (ex delegado de Urbanismo) y Manuel Cobacho (antiguo secretario de Organización del PSA y candidato andalucista a la Alcaldía de Córdoba), que pueden constituir un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Con todo, según han informado a este medio fuentes judiciales, "ésta es sólo una pequeña parte desgajada de una operación mucho más amplia, de un asunto muy bien respaldado documentalmente y en el que se está trabajando a conciencia". "Es sólo la punta del iceberg", escribía ayer en su blog personal el actual delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol. En este sentido, la fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, tiene en su poder desde hace ya varios meses un amplísimo dossier remitido por el Ayuntamiento de Jerez, que culminó una investigación interna puesta en marcha hace más de un año, que señala directamente al ex líder del PSA por un caso que incluye, entre otras cosas, "duplicidad en el pago de facturas efectuadas por la GMU sin pasar el filtro de la intervención -muchas abonadas 'en el acto'- y abono de facturas por obras no ejecutadas". Todas ellas aluden a la época en la que el andalucista detentaba la vicepresidencia ejecutiva del ya extinto organismo autónomo, en la pasada legislatura.

Este asunto entronca directamente con Jerecom, promotora de los hermanos Grimaldi en quiebra desde hace más de un año e investigada por presuntas irregularidades, y que ha originado una cascada que se suma al resto de frentes abiertos por Justicia y Udyco en relación con temas urbanísticos y distintas contrataciones irregulares en los que al parecer puede estar implicado el antiguo líder del PSA, cargo al que él mismo renunció hace ahora apenas unos meses. Al hilo de esto último, la citada unidad especial de la Policía ha requerido al gobierno local recientemente informes pormenorizados de las recalificaciones y convenios urbanísticos más importantes ejecutados en los últimos años de la mano del Consistorio y que guardan relación con los terrenos de, por ejemplo, Rancho Croft, Caulina, Hijuela de Rompecerones (donde se instalará la multinacional Ikea) y Guadalcacín.

En cualquier caso, han puntualizado las mismas fuentes, el caso de Jerecom sería distinto a la denuncia ya cursada por Anticorrupción, pues "afecta a una época larga del Ayuntamiento jerezano en la que, aunque él -por Pacheco- figuraba con cargos importantísimos, no puede circunscribirse a una denuncia nominal, dada la tremenda complejidad de firmas y actuaciones que contempla el expediente".

En concreto, según se desprende del informe remitido por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este Diario, técnicos municipales hacían constar a la GMU, en etapas anteriores convertida en máximo órgano inversor de la ciudad, que "siguiendo órdenes de Antonio Sánchez -delegado del PSA de planes especiales en la zona Norte y Sur entre 2005 y 2007-", se solicitaba que se reconociesen y abonasen distintas facturas, muchas de las cuales ha podido comprobarse posteriormente que se entregaron por duplicado". Es más, la investigación, se ha sabido, maneja tres tipos de facturación ligadas a Jerecom a través de las distintas empresas satélites bajo las que ha venido actuando el entramado de los Grimaldi, como son Cartuja Urbanizaciones y Obras Civiles SL, Alcázar Excavaciones y Firmes SL, y Confosur SLU.

Como se ha dicho, en algunos casos se trataban de facturas duplicadas -se contabilizan hasta un total de diez- para las que se pedía el reconocimiento de pago; en otros, eran pagos por obras no ejecutadas; y en un tercer caso, obras en las que era imposible verificar la ejecución "meditante inspección ocular, al consistir en movimientos de tierras, excavaciones, canalizaciones, firmes (...) y demás elementos constructivos ubicados bajo rasante". De estas facturas, detalla el expediente con lupa, "existen facturas aprobadas que corresponden a obras que no han llegado a ejecutarse". Y resume: "Se adjunta listado en el que se detallan dichas facturas, y que suman un importe total de 91.504,23 euros". En cualquier caso, sólo en el ejercicio 2007, en los meses antes a la ruptura del pacto entre PSOE y PSA, "fueron emitidas una serie de facturas por las empresas Jerecom, Confusur y Alcázar, correspondientes a obras en barriadas de la zonas Norte y Sur, por un importe total de 446.097,88 euros".

Según el dossier presentado por el Ayuntamiento, que investigó el asunto ante el clamor de los afectados por la quiebra de Jerecom, propiedad de José Grimaldi Corral y que dejó sin pagar, a través de su entramado empresarial, a "unos 450 acreedores acumulando una deuda que alcanza los 14 millones de euros", la duplicidad de varias facturas se detectó cuando pudo comprobarse que se reflejaban "las mismas cantidades, la misma obra y el mismo objeto pero a nombre de dos empresas distintas". Esto es, explican fuentes próximas al caso, "se pagaba a distintos collares para el mismo perro; había empresas actuando cuando todo iba para la misma cuenta de beneficios". Todo ello, como han venido denunciando los propios afectados por Jerecom, bajo la "aquiescencia de la GMU y su máximo responsable".

A todo esto, ha conocido este medio, la propia titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Cádiz, Nuria Orellana, que tramita actualmente (entre otros muchos) el caso de insolvencia de Jerecom, "vio indicios de delitos graves e irregularidades, por lo que informó de ello a la Fiscalía". Sea como fuere, fuentes judiciales aseguran que "la investigación sobre la empresa jerezana y sus relaciones con Urbanismo en la etapa de Pacheco al frente de la extinta GMU forman parte de un asunto mucho más amplio del que queda muchísimo más por denunciar".