La agrupación de electores propondrá al Ayuntamiento de Jerez que de los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, "en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos", señalan en una nota de prensa.

Ganemos, haciéndose eco de una campaña de Oxfam Intermon, propone una declaración para que Jerez se considere un municipio libre de paraísos fiscales. "Todas las personas, ciudadanos y empresas tenemos que pagar en función de nuestra capacidad económica real. La evasión y la elusión fiscal le cuestan mucho dinero a la ciudadanía. En España, el 72% del fraude fiscal proviene de grandes empresas y grandes fortunas, y los paraísos fiscales son el principal agujero negro por el que se pierden estos recursos", apuntan en el comunicado.

Oxfam Intermón y Ganemos Jerez creen que para luchar contra los paraísos fiscales son necesarios "cambios legales y el compromiso de las empresas para introducir políticas de responsabilidad fiscal que excluyan su utilización. Además, existe otra vía: que el Estado y los Ayuntamientos, como actores económicos, introduzcan criterios de responsabilidad fiscal en sus contrataciones".

Ganemos propone establecer una cláusula-tipo para incluir en los pliegos administrativos para "impedir que concurran a las licitaciones empresas con operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales según la lista elaborada por instituciones europeas".

La iniciativa también recoge estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para dificultar, para la prestación de servicios públicos, la contratación de empresas privadas que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz, con una presencia dominante en paraísos fiscales, sin estar relacionada con la actividad principal del grupo.

La evasión y la elusión fiscal a través de paraísos fiscales reducen considerablemente la recaudación pública, "por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Asimismo, su secretismo facilita también el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, mafias y grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común".