El Ministerio de Hacienda sostiene que se limitó a pedirle al gobierno local que elaborara un presupuesto municipal con unas estimaciones de ingresos que estuvieran "suficientemente fundada". Esa es la explicación que ha dado este organismo en sede parlamentaria a una pregunta que fue realizada por el diputado de Ciudadanos Javier Cano en pleno enfrentamiento entre la administración central y el ejecutivo local por la previsión contable de este año. El documento acabó aprobándose a finales de junio tras un mes de cruce de informes y alegaciones donde el ejecutivo acabó congelando unos 3,2 millones de euros por exigencia del Ministerio que entendía que estaban sustentadas en unas previsiones excesivamente optimistas.

Ciudadanos preguntó por los criterios seguidos por el Ministerio para "exigir para el presupuesto de 2017 el cumplimiento" de unos condicionantes vinculados al plan de ajuste municipal que "en ejercicios anteriores no se cumplían". En la respuesta, fechada el pasado día 4, el Ministerio de Hacienda argumenta las exigencias que hizo al presupuesto. En él señala que este documento debe recoger "una estimación de ingresos de carácter ordinario consistentes con la recaudación y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores y una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén suficientemente fundadas, sin que se pueda hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención de recursos". En definitiva, la administración central alega que se limitó a pedir que se justificaran las cantidades incluidas en la previsión así como que se aplicara un determinado criterio para el cálculo de previsiones.

Ciudadanos preguntó en sede parlamentaria los criterios seguidos por el Ministerio

Bien es cierto que la Delegación de Economía tuvo que hacer un ingente esfuerzo para convencer al Ministerio de que sus estimaciones eran factibles. Finalmente, y tras varios informes y dos reuniones entre las partes, el Ministerio marcó la obligación de dejar 3,2 millones de euros de ingresos procedentes de impuestos tales como el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), la plusvalía (IIVTNU) y el de circulación (IVTM) que solo podrán utilizarse una vez se obtengan. Esto supuso que también tuvieran que declararse como créditos no disponibles una serie de partidas en el capítulo de gastos como los salarios y las cuotas a la Seguridad Social de las plazas de funcionarios que se sacarán a concurso en el último trimestre del año, la contratación de trabajadores sociales y algo más de un millón de euros en el pago de productividades. Asimismo, se dejaron congeladas una transferencia a la empresa municipal Comujesa de 500.000 euros para adquirir nuevos autobuses -el gobierno señaló que para cubrir los gastos previstos para este año se recurrirá al crédito del pasado año- y otra de 350.000 euros aproximadamente para contribuir al sostenimiento del parque público de viviendas.

Siguiendo con la respuesta al diputado de Ciudadanos por la provincia, el Ministerio de Hacienda recuerda que "es preceptivo" que informe de los proyectos de presupuestos de aquellos ayuntamientos que, como el caso de Jerez, se han acogido a las líneas de ayuda a las haciendas locales con problemas financieros. En este sentido afirma que en el caso de la provincia de Cádiz son nueve los organismo locales sometidos al informe preceptivo y vinculante del Ministerio.