La Ley de Dependencia, que entró en vigor el pasado año, ha hecho aflorar un gran número de grandes dependientes que no estaban contemplados en las estadísticas con las que contaba el Ayuntamiento. Según un estudio de la dirección general de Bienestar Social y del Mayor realizado año y medio, en Jerez habría 800 personas con una gran dependencia, una cifra que según los últimos datos estaría ya en más de mil. "Hay que tener en cuenta que nosotros disponíamos de los datos de personas que tenían vinculación con nuestros servicios sociales y también los de discapacitados a través de los servicios sanitarios, pero hay un grupo de grandes dependientes, con suficientes recursos, que no ha venido nunca por los servicios sociales o que acude a la sanidad privada y que no teníamos contabilizados", indicaron desde el área que dirige José Manuel Jiménez, quien defiende el esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento a la hora de tramitar las solicitudes, pese al retraso que se está produciendo de acuerdo a los plazos. Hay que tener en cuenta que, según la ley, en 2007 todos los grandes dependientes estarían ya recibiendo la prestación correspondiente, bien ayuda económica o cualquiera de los otros servicios que contempla la ley, como residencias, centros de día, teleasistencia o ayuda a domicilio.

En estos momentos, en Jerez son 321 personas con gran dependencia las que ya están recibiendo las prestaciones, en buena parte ayudas económicas, que suelen ser las más requeridas por las familias, aunque en último término es el informe de los técnicos el que determina la prestación más conveniente. Ante las demoras en las resoluciones, la Consejería por la Igualdad decidió hace unos meses que las ayudas económicas se cobren con carácter retroactivo desde el momento en que se inicia el expediente.

Según afirman desde la dirección general de Bienestar Social, en el caso de Jerez se está tardando un plazo entre seis y siete desde que el afectado solicita la prestación hasta que se hace efectiva. En medio, toda la tramitación, que pasa por una valoración de la persona dependiente y la elaboración del plan individualizado de atención que se envía a la Junta para su aprobación.

Hasta el momento, se han tramitado 2.731, las más numerosas en Las Delicias (544) y la zona centro (488), la Junta ha hecho 1.985 valoraciones y técnicos de Bienestar Social del Ayuntamiento han realizado 628 planes individualizados.

Una de las beneficiadas por estas prestaciones, en concreto una ayuda económica, es una víctima de la violencia de género, con graves secuelas físicas como consecuencia de las agresiones. De hecho ha sido valorada como gran dependiente, ya que se ve impedida para las tareas más básicas de su cuidado personal. La presidenta de la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género, Fátima Canca, destacó este caso en el que la asociación ha trabajado para gestionar la ayuda. "La ley no mira cuál ha sido la causa de la dependencia, y esta persona cumplía todos los requisitos, pese a ser muy joven".

María Sánchez es sobrina de una persona de 95 años que vivía sola y que tuvo que ser ingresada en el hospital por un agravamiento de su salud. Fue entonces cuando la familia pensó en solicitar plaza en una residencia. Entonces no se había puesto en marcha la Ley de Dependencia y ante la lista de espera para una plaza pública, la familia ingresó a su tía en una residencia privada. Con ayuda de los hermanos de la afectada, también personas muy mayores, han podido ir sufragando los cuantiosos gastos de una plaza privada para asistidos, hasta que una trabajadora social les informó de la Ley de Dependencia, realizaron la solicitud y este mes recibieron la resolución de la Junta que les da plaza pública en la residencia. "Para nosotros ha sido una tranquilidad, porque el coste era muy alto, y desde luego la residencia es el mejor sitio donde puede estar. Desde que ingresó en el hospital, a su casa no podía volver y no tenía a nadie que se ocupará de ella con esa dedicación, sus hermanos son también mayores, y las sobrinas tenemos nuestros trabajos, hijos y nos ocupamos de nuestros padres".

Un alivio ha sido también para Fernando Perdigones la concesión de una plaza pública en una residencia para su padre de 72 años, que padece alzheimer desde hace tiempo. La vivienda en la que vivía en Picadueña sufrió un incendio hace unos meses. La tía de Fernando falleció y su madre sufrió graves quemaduras de las que aún se recupera. Fernando asegura que la residencia era la mejor opción para su padre, ya que se encuentra totalmente impedido y ha sufrido varios infartos cerebrales. En cuanto se puso en marcha la ley, la familia inició toda la tramitación. El 31 de diciembre su padre ingresó en la residencia, pero en una plaza privada por la que pagaban alrededor de 1.900 euros. Ahora, tras la resolución de la Junta, Antonio ocupa ya una plaza pública.