Las cuentas no cuadraban y los números nunca engañan. Fue por eso que nadie se asombró cuando los funcionarios de la Seguridad Social de la provincia comenzaron a recibir un curso sobre la detección de fraudes en el cobro de prestaciones. En dichos cursos se habló de qué detalles de las cuentas de la Tesorería debían tenerse en cuenta para sospechar de que una irregularidad o un delito estaban siendo perpetrados. Fue en marzo cuando el referido curso comenzó a ser impartido y ya por entonces se sabía que la Policía Judicial de la Guardia Civil estaba detrás de "algo gordo". Las consignas que recibieron los funcionarios fueron especialmente claras: "Ante la más mínima sospecha de irregularidad o fraude debéis dar parte", les informó un superior. No sólo Jerez y la provincia, también buena parte de la zona mediterránea del país está siendo controlada de forma rigurosa para destapar posibles fraudes.

Noventa días después, la 'operación Picones' de la Guardia Civil -el nombre se debe a los apellidos de los dos hermanos Carrera Picón, a los que los investigadores consideran los cabecillas- desarticulaba una trama que permitía que personas sin derecho a ello cobraran desempleos, ayudas familiares y se beneficiaran de las prestaciones sanitarias por las que el resto de españoles cotizan.

El propio comandante de la Guardia Civil, Luis Martín, destacaba ayer a este medio que "los fotógrafos de prensa lo van a tener complicado porque en este caso no hay nada que fotografiar, ni una sede, ni una empresa, ni un solar... Todo es humo, tan sólo humo". Lo cierto que es que la fantasía ha podido costar al erario público cinco millones de euros. Pero las cuentas no están cerradas y a buen seguro que crecerán. Los funcionarios siguen calculando las prestaciones que han sido cobradas irregularmente.

"Lo que hicieron estas personas, comentaron a este medio fuentes solventes, fue meter dentro del sistema a personas que estaban fuera del mismo". Para ello crearon empresas de la nada, compañías que no existían físicamente, sólo en el papel, y que como tales tenían la potestad de contratar a trabajadores. Los empleados no realizaban ninguna función, tan sólo aportaban un dinero que después les sería devuelto con creces en forma de pagas. Todas las empresas tienen unos gastos fiscales. La pregunta es obligada: ¿Cómo sacaban rentabilidad a esta prácticas? "Pues la lograban porque, sencillamente, no pagaban absolutamente nada. Ni a los trabajadores que no trabajaban, valga el juego de palabras, ni a la Tesorería de la Seguridad Social ni a Hacienda. Cuando tocaba pagar desaparecían, se quitaban de en medio. Cobrarles entonces era imposible". El perjuicio creado a las arcas públicas era enorme: no aportaban nada a las mismas y, por el contrario, lograban que personas que no habían cotizado se llevaran un beneficio al que no tenían derecho. Al frente de las mismas había lo que se ha dado en denominar como 'hombres de paja', meros empleados insolventes encargados de dar de alta a esos empleados que pagaban por cotizar falsamente.

Las personas que se han beneficiado de esta trama son en su mayor parte trabajadores a los que faltaban unos días o semanas para tener derecho a una prestación, hay gente también que ha retornado del extranjero y otros que, enterados de que el caso había sido descubierto, comenzaron a interesarse por la forma en la que la Justicia podía caer sobre ellos. "No tendrán más remedio que devolver el dinero cobrado de forma irregular y hacer frente a los cargos que la Justicia considere".

La operación comenzó a dejar un reguero de imputados por toda la ciudad y también en la Sierra de Cádiz. Tanto fue así que llegó a temerse que hiciera falta un dispositivo especial del Colegio de Abogados para atender a tantas personas, la mayor parte de ellas con escasos recursos, a través del turno de oficio. Cabe recordar que durante el escándalo de las falsas licencias de casa el Colegio tuvo que ofrecer un servicio especial, recordó ayer a este medio el decano jerezano, Marcos Camacho, quien apuntó que en esta ocasión "todo se ha desarrollado con absoluta normalidad en lo que a los letrados se refiere".

Uno de los más conocidos abogados jerezanos, Manuel Hortas, se responsabilizó de la defensa de cinco declarantes el pasado viernes mientras mostraban su versión de los hechos ante la Guardia Civil. Todos ellos fueron dejados en libertad a la espera de que el Juzgado les cite para declarar. Estas declaraciones en pequeños grupos ha evitado el colapso del 'sistema judicial local' ante un caso con cerca de 300 personas presuntamente implicadas.