Los testigos y peritos dejaron de pasar ayer a primera hora de la tarde por la Sección Octava de la Audiencia Provincial para declarar en las sesiones que se celebran con motivo del 'caso Estación de Autobuses'. Tan sólo resta que la acusación pública ejercida por el ministerio fiscal y los defensores de las siete personas acusadas formulen sus informes al tribunal durante las sesiones de hoy y mañana, jornada en la que está previsto que el juicio quede visto para sentencia.

La sesión de ayer vino marcada por la rebaja de condena solicitada por el fiscal Anticorrupción, Manuel Arjona, que disminuyó la petición de cárcel tanto para el ex alcalde Pedro Pacheco, como para el empresario ubriqueño José Luis López y para su socio Francisco Chaves, así como al ex gerente de Emusujesa. Así, pedirá contra Pedro Pacheco una condena de seis años de prisión (un año menos de lo que hasta ahora sostenía), al igual que mantendrá contra el ex gerente de la empresa municipal de suelo Emusujesa. Por su parte, al empresario ubriqueño José Luis López le rebajará la petición de pena de seis a cinco años al igual que a su socio Chaves. Por su parte, mantendrá inalterable la solicitud de condena contra los tres presuntos testaferros, contra los que pedirá al tribunal que preside Ignacio Bermúdez que sean castigados con tres años y seis meses de encarcelamiento.

Las defensas siguen manteniendo la inocencia de sus defendidos y consideran que no hay pruebas suficientes como para justificar una sentencia condenatoria.

La razón legal para que la Fiscalía haya llevado a cabo esta nimia rebaja en la petición de condenas radica en la retirada de una acepción del delito de estafa en la que se castiga más duramente el caso en que un promotor cobra por unas viviendas que finalmente no construye. No es ni mucho menos el caso.

Donde el ministerio fiscal sí fue al alza fue en las cantidades que se reclamarán a los acusados para resarcir al Ayuntamiento de Jerez, es decir a la ciudad, por una venta que entiende demasiado barata y concertada de antemano entre las partes, lo cual impidió presuntamente que la ciudad 'cobrara' el dinero que se merecía por deshacerse de la estación de Madre de Dios.

Así, tras pedir en un principio 1,6 millones de euros ahora solicita que dicha cantidad se incremente hasta los 5,7 millones. La razón en la que se basa para ello radica en que, al entender de la Fiscalía, la Agencia Tributaria no realizó una tasación completa de la estación de autobuses de Madre de Dios sino que tan sólo lo hizo de la parte construida según valoración catastral y no del resto del 'solar'. Cabe destacar que se tasó en un principio en 4,1 millones.

Los últimos testigos que pasaron por la sala de audiencias de la Sección Octava fueron los tasadores que aportaron los abogados defensores de varios de los acusados. Fueron varios y cada uno de ellos vino a ofrecer cantidades distintas. Así, por ejemplo, uno de ellos hizo dos tasaciones: una en la que señaló que la parte edificada se valoraba en 1,94 millones de euros y la zona edificable en 768.000 euros si se destinaba a viviendas de Protección Oficial y 1,8 millones si lo que se iban a construir eran viviendas de Renta Libre. Todo en su conjunto habría superado con creces los 3 millones de euros.

Otro de los tasadores señaló que la parte construida (es decir, donde estaban las taquillas y la gran sala de espera de la estación de autobuses) valía 1,7 millones y a todo el resto de la construcción apenas le dio un valor de 200.000 euros como aparcamiento, ya que dicha zona no estaba segregada, es decir, no se podía vender por separado de la otra.

Otra tasación vino a valorar el edificio en unos 2 millones de euros, pero apuntando que como dicha edificación estaba fuera de ordenación su valor podría ser aproximadamente de 500.000. La zona donde se podía construir tenía un precio, según dijo, de un millón y medio de euros.

Todos ellos apuntaron claramente que la zona del patio -donde los autobuses recogían a los usuarios- no tenía valor alguno al ser de dominio publico.

Como se recordará, el ex alcalde Pedro Pacheco está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, delito de fraude a la Administración, delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y todos ellos en concurso medial con el delito de estafa.

Por su parte, el empresario José Luis López afronta cargos en este proceso por presuntos delitos de fraude a la Administración, otro de falsedad continuada en documento oficial cometida por particular, ello en concurso medial con el delito de estafa.