La diputada en el Congreso por Cádiz, Miriam Alconchel, aseguró ayer que el PSOE trabajará por que "los pensionistas gaditanos no tengan que hacer frente a ningún tipo de copago farmacéutico", una posibilidad avanzada esta semana por el Gobierno y que a juicio de los socialistas, "es una medida injusta que afecta a los más vulnerables y en especial, a un colectivo muy castigado por la crisis económica que en muchos casos son el sostén económico de sus familiares".

Alconchel aseguró que de aplicarse este supuesto, "un total de 61.402 personas en la provincia podrían verse afectadas lo que supone un efecto perverso en relación con la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente a los de mayor edad", lo que implica de facto que en nuestra provincia tendría "un especial impacto" al ser la tercera en Andalucía con mayor número de personas que perciben una pensión del Estado por detrás de Sevilla y Málaga.

En este sentido, la diputada jerezana recordó que según el barómetro que elabora anualmente el Ministerio "el 5,2% de la población, unos 2,4 millones de españoles, tienen en la actualidad dificultades para hacer frente a sus tratamientos de medicamentos y han tenido que dejar de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque es muy caro". A estos datos se unen los aportados por la Sociedad Española de Medicina General (SEMERGEN) que reconoce que "el 15% de los pacientes crónicos de nuestro país, muchos de ellos pensionistas, no retiran su medicación por razones económicas".

Desde las filas socialistas se insiste en que "nuestro partido se ha mostrado siempre en contra del copago farmacéutico de nuestros pensionistas desde el primer momento, tanto en las Cortes Generales, como en aquellas comunidades donde gobierna". "Ya en la décima legislatura el PSOE registró una proposición de ley de eliminación de copagos que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP y que se reprodujo en la undécima legislatura de 2015", agregó. Con todo, Alconchel adelantó que "desde el PSOE vamos a seguir peleando por lograr un sistema de financiación económica justo con las Comunidades Autónomas y justo con el Sistema Nacional de Salud", tras afirmar que "el verdadero ahorro y eficiencia no se consigue con medidas injustas que limitan el acceso de los tratamientos a los ciudadanos más vulnerables, sino garantizando una correcta financiación de nuestro sistema de salud y adoptando medidas que han demostrado su eficacia en la contención del gasto como la Receta Electrónica y la subasta de medicamentos puesto en marcha por la Junta de Andalucía".