El hotel Palmera Plaza, a la espera de una subasta judicial

  • Un juzgado de Gerona declaró la quiebra de la propietaria y procede a la liquidación de sus bienes

Exterior del abandonado hotel Palmera Plaza, en la calle Pizarro. Exterior del abandonado hotel Palmera Plaza, en la calle Pizarro.

Exterior del abandonado hotel Palmera Plaza, en la calle Pizarro. / manuel aranda

A día de hoy, el Palmera Plaza, el hotel de la calle Pizarro que se encuentra abandonado desde hace años y que ha sido objeto de continuos saqueos, no puede venderse. La Delegación de Urbanismo tuvo conocimiento el pasado viernes de que el inmueble está a la espera de una subasta judicial ya que la sociedad propietaria quebró por lo que el Juzgado Mercantil número 1 de Gerona -la matriz está domiciliada en esta provincia catalana- inició un proceso de liquidación que aún no ha concluido. Por lo tanto, cualquier interesado en reflotar el hotel tendrá que esperar a la orden judicial.

En la tarde de ayer, el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, detalló a este periódico las últimas informaciones recabadas sobre la situación societaria y jurídica del Palmera Plaza desde que a mediados de la semana pasada alertara de que no localizaban a un interlocutor válido y que este medio publicara ayer que el administrador único de la sociedad se encuentra en Barcelona. En este sentido, explicó que el viernes recibió una llamada del responsable de la inmobiliaria de la entidad bancaria quien le informó de la imposibilidad de vender el inmueble mientras no haya una decisión judicial al respecto. Hotels Rosincs SL, la sociedad matriz de la mercantil Grand Palmera Plaza Hotels SL, dueña del establecimiento de la calle Pizarro, se encuentran en proceso de liquidación por orden del Juzgado Mercantil número 1 de Girona, que el año pasado declaró, incluso, el concurso de acreedores como "culpable", una calificación para aquellas quiebras de empresas donde se responsabiliza de la insolvencia a los administradores. De hecho, el anterior administrador de la sociedad hasta que fue intervenida judicialmente, José María Moyano Casanovas, fue condenado a una pena de dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos así como a para representar o administrar a cualquier otra persona durante un periodo de dos años.

Francisco Camas ya avanzó días atrás que hay una firma interesada en adquirir este inmueble para un nuevo proyecto vinculado a la hostelería. Sin embargo, y teniendo en cuenta los últimos datos recabados, habrá que esperarse a la subasta judicial para que se produzca el necesario cambio de manos del inmueble. "Por desgracia no es el único edificio en la ciudad que se encuentra en una situación tan compleja como este; hacemos todo lo que podemos", sentenció.

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