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Los abogados que actúen en las nulidades no podrán cobrar más de 2.000 euros

  • El obispo dicta nuevas normas para los procesos, como que la economía no sea un impedimento.

El obispo diocesano, monseñor José Mazuelos Pérez, ha hecho público un documento que recoge una serie de disposiciones que se añaden al decreto de creación del Tribunal Diocesano para las causas de Nulidad, establecido desde el pasado día 13 de diciembre, coincidiendo con la apertura del Año de la Misericordia, a cuyo frente fue nombrado como vicario judicial el actual secretario general canciller de la Diócesis de Asidonia-Jerez, Miguel Ángel Montero Jordi.

En primer lugar, en el texto del decreto difundido por el obispado, se especifica que "podrán actuar en este Tribunal Diocesano los abogados y procuradores que de manera estable sean aprobados por el obispo diocesano, y en algún caso excepcional y motivado, algún otro abogado o procurador al cual se le aprobaría su actuación Ad Casum", y matiza que los "abogados incluidos en dicho elenco serán al mismo tiempo los encargados de ejercer el patrocinio gratuito -en los casos que se certifique y conceda la gratuidad por causas económicas-, siendo el Vicario Judicial quien asigne a cada uno dichas causas".

El prelado recalca también un aspecto del espíritu que tiene el nuevo tribunal, inspirado por la doctrina que ha transmitido el Papa Francisco: "En ningún caso la situación económica será impedimento para la realización del proceso de declaración de nulidad". No obstante se pide que, teniendo en cuenta la 'gratuidad' que se dispone, "se ruega a todos los fieles, especialmente a los que mayores recursos económicos puedan tener, que en la medida de sus posibilidades, contribuyan con su adecuado donativo para el sustento del Tribunal, así como para ayudar a los gastos de los procesos de aquellas personas que peor situación económica puedan tener". Sin embargo, se informa que se creará una "tabla orientativa para dichos donativos voluntarios". De otro lado, monseñor José Mazuelos Pérez entra en establecer los honorarios para los abogados que actúen en el Tribunal Diocesano para las causas de Nulidad, que no podrán exceder "de los 2.000 euros para el Proceso Ordinario y 1.000 euros para el Proceso Breve".

Asimismo, en el documento se anuncia la constitución del Departamento Pastoral del Tribunal Diocesano, para que bajo la dirección del Vicario Judicial, viene a ser la vertiente asistencial dirigida a los que precisan de una atención previa especial y menos rígida que la del propio Tribunal. Es el objetivo pastoral tiene los nuevos aires de este área eclesial de "abrirse al mundo" para lo que cuenta con un equipo de seglares y clérigos que llevan a cabo la acogida e investigación pre-judicial de aquellas personas que solicitan el servicio, todo conforme a las disposiciones que el Papa Francisco ha propuesto en el documento Mitix Iudex Dominus Iesus.

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