El acusado de retener a su mujer durante varios días en su casa de Vistalegre el pasado verano forzó ayer la suspensión de la vista que se tenía que haber celebrado en el Juzgado de lo Penal 3 de la ciudad. Lo hizo además ingiriendo parte de una botella de lejía la tarde antes del juicio, lo que conllevó la suspensión del mismo hasta el 10 de marzo próximo, siempre y cuando el encausado, que tiene 65 años y una patología cardíaca previa, se encuentre totalmente recuperado. Según informó ayer Instituciones Penitenciarias, este hombre, que cumple prisión preventiva, "sufre una leve gastritis tal y como se indica desde el hospital de Puerto Real". Es en ese centro donde se encuentra ingresado desde el pasado lunes por la noche, cuando ingirió la lejía en el interior del centro penitenciario de Puerto II, donde está en prisión preventiva.

Fue la propia Guardia Civil que se encarga del traslado de los presos la que informó en el juzgado de lo sucedido, lo que sorprendió a todo, tanto a los propios abogados, como a la familia del acusado que supo de la noticia en el juzgado. "Tanto sus hijos como su esposa tienen ahora un doble sentimiento con todo esto que ha sucedido", dijo el letrado que los representa como acusación particular, Pedro J. Pérez Rodríguez.

El propio juzgado donde se hará la vista envió un médico forense al centro hospitalario para que valorase su estado de salud, un procedimiento rutinario cuando se producen este tipo de casos. El letrado descartó que lo sucedido pueda interferir de otra manera en el desarrollo de la vista, salvo en su suspensión, ya que "el juzgado ya tiene en sus poder todas las pruebas psicológicas del acusado" y ésas será las que tenga que valorar el magistrado. La familia del acusado (mujer e hijos) se encuentra bastante afectada desde lo sucedido el pasado verano, tanto es así, que estaban dispuestos a declarar en la sala de vistas pero tras un biombo para no tener que cruzar su mirada con el acusado. Finalmente y dadas las circunstancias, no hizo falta.

Hay que recordar que la acusación particular pide 20 años de prisión para Antonio G.C., por delitos de coacción, amenazas y malos tratos habituales, mientras que la defensa, que rehusó hacer declaraciones, la libre absolución. El fiscal, por su parte, 15 años de cárcel. Fue la Policía Nacional la que sacó a relucir esta historia el pasado verano al recibir un aviso por una discusión familiar en esta barriada. Luego descubrieron a la madre pidiendo auxilio entre sollozos.