Francisco Pérez Vera, abogado de los adjudicatarios de los huertos de ocio de San José Obrero, destacó ayer que las diferentes sesiones de toma de declaraciones que se están sucediendo en el Juzgado de Instrucción número 2 "están resultando muy satisfactorias para nuestros intereses pues se está demostrando que todo estaba perfectamente preparado para realizar estos actos contrarios a la legalidad", en referencia al desalojo y desmantelamiento de los huertos. Ayer se celebró una nueva toma declaraciones dentro del proceso judicial emprendido por los adjudicatarios de los huertos contra el Ayuntamiento.

En esta ocasión, las personas que tuvieron que declarar fueron la alcaldesa, Pilar Sánchez, el actual delegado de Fomento Económico, Francisco Lebrero, y el delegado de Infraestructuras y Vivienda, Antonio Fernández Ortega. La primera edil mantuvo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez su nulo conocimiento de los hechos juzgados ya que, según dijo, no formaba parte del consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuando se decidió la demolición de los referidos huertos, pues por entonces el consejo de la GMU estaba presidido por la alcaldesa María José García-Pelayo y vicepresidido por Pedro Pacheco.

Hasta el momento, y desde que comenzaran el pasado mes de noviembre, ha tenido lugar media decena de tomas de declaración, pasando ante el juez la mayor parte de los concejales que formaban parte del consejo en noviembre de 2003.

Los parcelistas denunciaron en su día que pese a que los terrenos de los huertos de ocio no eran ya municipales, la Gerencia siguió actuando como si así fuese, hasta el punto que fueron empleados de Urbanismo los que desmantelaron los huertos, destruyendo las pequeñas construcciones que se habían levantado de forma legal y sacando los enseres, bajo una importante presencia policial. En la denuncia presentada por los parcelistas se estima que en la recuperación de estos huertos se produjeron hechos que pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, coacciones, daños, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.