A dos meses vista para la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez, que tendrá lugar el último fin de semana de marzo, la alcaldesa, Pilar Sánchez, dejó ayer claro que únicamente introducirá matices en el controvertido (aunque eficaz) plan que puso en marcha el año pasado para controlar la motorada y la avalancha de aficionados que llegan a la ciudad en los días en que se celebra el campeonato. Y lo anunció ayer, el mismo día en que el Ayuntamiento de El Puerto fue condenado a indemnizar con 1.500 euros diarios -4.500 euros, en total- a un vecino por su "pasividad" ante el "ruido de infarto" que causa la motorada que todos los años se celebra coincidiendo con las carreras en Jerez y que el año pasado motivó que el Consistorio portuense cerrase la ciudad literalmente a las motos por orden judicial. La sentencia se basa en informes del Seprona de la Guardia Civil y de la consejería de Medio Ambiente de la Junta para afirmar que la "motorada causa unos ruidos intolerables y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los vecinos a la salud y al descanso".

Volviendo a Jerez, la alcaldesa, tras asegurar que a principios del mes próximo hará la presentación del dispositivo y el programa que jalonará los días de celebración del evento, se mostró firme al anunciar que "vamos a mantener la línea de trabajo iniciada el año pasado y para la que no hay vuelta atrás". De este modo, la regidora mantendrá su idea de acotar el perímetro del centro a las motos y establecer bolsas de aparcamiento en torno a él, lo que ya motivó protestas de diversos colectivos de hosteleros, fundamentalmente de la zona de la Avenida, que vieron como en la última edición del GP desaparecía la 'gymkhana' y con ella los pingües beneficios que obtienen durante la cita.

"Habrá cambios, pero con la línea de que no todo vale y que la seguridad de los ciudadanos es lo que cuenta por encima de todo", aseveró la alcaldesa, quien anunció, al tiempo, una reunión de la mesa para la motorada prevista para la próxima semana y en la que tomarán parte, según especificó ella misma, los hosteleros y su patronal, Horeca; representantes de asociaciones de las zonas afectadas; y la federación Solidaridad.

Por tanto, la propuesta, en la que se trabaja "desde el pasado mes de septiembre", está "casi cerrada" y, explicó la alcaldesa, "la consensuaremos y añadiremos algunas mejoras sobre las cosas que el año pasado pudieron chirriar un poco y en relación con las peticiones que me hicieron los hosteleros". "Pero desde luego -recalcó- seguiremos con las mismas premisas: seguridad ciudadana ante todo; y manteniendo esa cautela necesaria, puesto que de lo contrario podría ser un juez el que decidiera cerrar la ciudad si no hubiésemos tomado medidas oportunas -como ha ocurrido en la vecina El Puerto-".