Un hombre de 79 años de edad se sienta en estos días en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial por un delito relacionado con la libertad sexual en el que la principal víctima de esos supuestos abusos es su propio nieto. El inculpado se encuentra en prisión preventiva en Puerto III desde hace casi un año y medio, algo que no comprende su propia hija y madre del niño, que ha comparecido como testigo en la causa y que lleva desde hace algo más de dos años sin su hijo, justo desde que salieron a la luz los hechos. Detectaron en el colegio que el pequeño tenía conductas extrañas para su edad, como comenta su propia madre, Dolores García. Actualmente el niño, que en el momento de lo supuestamente ocurrido tenía cinco años, se encuentra bajo la tutela de la Junta en un centro de acogida.

Desde ese entonces la familia vive en una encrucijada ante esta situación. "Porque si lo ha hecho que lo pague, sería la primera que querría que lo pagase, pero es que en este tiempo yo no he visto nada, aunque con todo esto es normal que te surjan dudas. En todo momento estaba en la casa con una persona que lo cuidaba y mi padre no se quedaba solo con él", señala la mujer.

Los presuntos abusos supuestamente sucedieron en la casa del propio abuelo del niño, una vivienda a la que se tuvo que ir la familia al no poder hacer frente al pago del alquiler de la casa en la que vivían anteriormente. En ese entonces la mujer tampoco tenía con ella en su casa a otras dos hijas que también se fueron envueltas como perjudicadas en un proceso similar, donde como refiere, se vio involucrados también el abuelo y la ex pareja de su madre. "La causa se archivó con respecto a mi padre, pero a mi ex pareja sí lo condenaron", dijo García.

El día de ayer se destinó a escuchar los testimonios de los psicólogos y los forenses que han examinado al pequeño. Llegan a la conclusión de que su testimonio tiene importantes visos de ser creíble. El acusado, que tiene los achaques típicos de la edad, ha negado desde siempre todo lo ocurrido. Ahora se enfrenta a una pena de diez años de cárcel por estos hechos, agravados al tratarse de un menor el perjudicado. La defensa pide la libre absolución.