Los campos de golf tendrán casas a cambio de garantizar su calidad

  • La Junta se adjudica en el decreto la última palabra sobre cada proyecto a través de una comisión · Pretende que la cifra de viviendas por proyecto se determine en los planes de ordenación subregional

El decreto de golf elaborado por la Junta es una fórmula de complejo equilibrio entre los intereses económicos, turísticos, inmobiliarios y medioambientales de Andalucía, que no maravilla a ninguno de los agentes implicados en el sector pero satisface a casi todos, y que va a organizar desde febrero el desarrollo de hoyos y urbanizaciones turísticas en la región. El cimiento del texto es un acuerdo: la Administración ofrece a los promotores la posibilidad de incluir viviendas en sus proyectos a cambio de que garanticen la calidad técnica del campo y su integración en el entorno.

Con este planteamiento la Junta abarca todos sus objetivos. Evita, primero, que los campos se conviertan en una excusa para recalificar suelos y vender casas -o que se levanten "macrourbanizaciones acompañadas de un jardín con agujeritos", en palabras del Consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías-. Al mismo tiempo, posibilita la creación de un recorrido de campos de "interés turístico" capaz de atraer viajeros a la región, como ha reclamado la Consejería de Turismo, y deja abierta la opción de construir viviendas para los empresarios más capaces, que han insistido en la imposibilidad de rentabilizar inversiones en golf sin vender promociones inmobiliarias.

Por último, el Gobierno andaluz se asegura una verdadera criba entre los dos centenares de iniciativas que se acumulan en su mesa. Las proyectos que quieran alcanzar la categoría de "interés turístico de la comunidad" y acceder así a la explotación residencial de los campos deberán cumplir requisitos exigentes y asumir incrementos de las inversiones de sus planes originales, que acumulan años de antigüedad en la mayor parte de los casos.

El decreto establece una superficie mínima de 70 hectáreas para habilitar un campo de 18 hoyos, con 6.000 metros de recorrido sin casas que estorben, y amplias distancias entre las calles y entre el césped y las viviendas para garantizar la calidad de juego.

Los proyectos deberán acreditar su bajo impacto medioambiental con planes de reforestación, de integración de la fauna, de reciclaje o de empleo de energías renovables. En el capítulo del agua, el texto descarta el uso de agua potable, exige la puesta en marcha de una estación meteorológica de control, ya empleada en campos modernos, y la construcción de lagos conectados con un sistema de riego y con capacidad para almacenar más de 100.000 metros cúbicos, como partes de un plan de gestión hídrica.

Las principales novedades del decreto están en el proceso de gestión administrativa de los proyectos, mediante el que el Ejecutivo andaluz se ha adjudicado la última palabra sobre cada iniciativa y, por extensión, un control total sobre el sector.

Una "comisión técnica de calificación", presidida por la Viceconsejería de Turismo y formada por los directores generales de Turismo, Deportes, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se encargará de "elaborar y emitir los informes que le sean solicitados sobre los campos de golf de interés turístico", según recoge el artículo 31 del texto, que fija un mes de plazo máximo para el trámite.

Los sindicatos, tal y como anunció el miércoles el responsable de Turismo de UGT, Rafael Navas, y los empresarios, que han evitado pronunciarse oficialmente, pedirán a la Junta que admita la participación de los agentes sociales en esta comisión. Será una de sus principales demandas en la Mesa del Turismo convocada el lunes para analizar el decreto. "Las declaraciones de interés turístico las otorga el Consejero Andaluz de Turismo", recordó Navas en declaraciones a Europa Press.

A expensas de las determinaciones que el Gobierno andaluz haga en el encuentro del lunes, el decreto no cifra el número de viviendas que podrán aparejarse a los hoyos, justo la primera inquietud de los empresarios, que aguardan el dato calculadora en mano porque de él depende la viabilidad de todos los proyectos.

El plan empresarial que supere la criba de la comisión y obtenga la catalogación de interés turístico tendrá que ser incluido en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de ámbito subregional que le corresponda , que será el encargados de determinar "los criterios de ordenación relativos a edificabilidad, densidad de viviendas y tipología", según señala el artículo 28 del decreto.

Los planes subregionales también tendrán la última palabra sobre la construcción de campos y urbanizaciones en terrenos alejados de los núcleos urbanos, aunque la Junta ha insistido en que aplicará la ley vigente para evitar la creación de diseminados urbanísticos y especifica en el decreto que los planes "deberán garantizar que no inducen a la formación de nuevos asentamientos".

En Andalucía hay planes subregionales en funcionamiento, en los que pueden incluirse modificaciones puntuales; otros están en fase de elaboración, como el de la comarca de La Janda; pero hay muchas zonas que carecen de este planeamiento, caso de la Sierra de Cádiz. El decreto establece que, cuando se declare un proyecto de golf de interés turístico y no exista plan subregional en la zona en la que se va a construir, se instará a Obras Públicas a que lo elabore. Este trabajo puede prolongarse más de un año.

La falta de concreción del decreto sobre los usos residenciales del golf de primera categoría será otro de los aspectos debatidos por la Mesa del Turismo, que, pese a los matices, ofrecerá su respaldo al texto desarrollado bajo la coordinación de Gaspar Zarrías, que ha amoldado las posturas en principio opuestas de sus equipos de trabajo en Obras Públicas, Turismo y Medio Ambiente.

Una veintena de proyectos gaditanos repartidos en el Campo de Gibraltar (6), La Janda (5), la Sierra (7) y el Bajo Guadalquivir (2) ansían la aprobación del decreto que definirá su futuro.

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