La vivienda de protección oficial, denostada y minusvalorada en tiempos de la 'burbuja' inmobiliaria, se ha convertido para las promotoras y constructoras en el clavo ardiendo al que agarrarse ante la coyuntura de crisis generalizada que ya está padeciendo un sector que parecía vivir en una bonanza permanente. El ciclo económico ha cambiado y las empresas de construcción han reaccionado subiéndose al carro de la VPO. Esta misma semana, sin ir más lejos, el llamado G-14, que engloba a las grandes promotoras del país, ha firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar la construcción de viviendas protegidas por todo el territorio nacional. De esta manera, "habrá luz al final del túnel", según reconocieron desde la Femp y el propio presidente del G-14, Fernando Martín.

El 'parón' inmobiliario y la crisis, en palabras del delegado de Vivienda, Antonio Fernández Ortega, sólo tiene una salida: "abaratar los precios de la renta libre, hacerla atractiva y asequible para todos los bolsillos". Actualmente, los precios por metro cuadrado de renta libre en Jerez tendrían que rebajarse alrededor de un 35 por ciento para equipararse a lo que cuesta una vivienda protegida, que "al fin y al cabo cuenta con los mismos criterios de calidad que la otra, o incluso superiores", comenta. Este porcentaje se extrae de la diferencia entre el metro libre, unos 2.200 euros en la ciudad, y el de VPO, en torno a los 1.000 euros. Esto es, más de mil euros de diferencia que pueden hacer inalcanzable el acceso a la vivienda para buena parte de la población, especialmente segmentos jóvenes o en riesgo de exclusión social. "La vivienda sí se vende. El frenazo inmobiliario se debe a los precios, ni más, ni menos. Si en renta libre un piso cuesta unos 240.000 euros, que lo pongan a la mitad y verás como sí se vende", asevera Fernández Ortega.

Ahora, lo que proponen desde el G-14 es asumir la necesidad de construir las viviendas que la sociedad actualmente demanda, pero con el compromiso de las Administraciones públicas de flexibilizar los planes urbanísticos. ¿Esto significa barra libre a la hora de expandir las ciudades y consumir más suelo? Pronto se sabrá, aunque en el caso de Jerez, el Plan iba a contar con una previsión de 22.000 viviendas a diez años y ya contabiliza la posibilidad de llegar a 31.000.