El cotejo y la coincidencia de las muestras genéticas de un preso de Puerto II con las recogidas hace trece años a algunas de las víctimas de una ola de violaciones que estremeció a la Bahía de Cádiz y Jerez entre 1995 y 2000 ha tenido como consecuencias inmediatas una buena y una mala noticia, las dos impactantes. La más que buena noticia es doble: la identificación y detención del presunto coautor de aquella decena de agresiones sexuales -cometidas con premeditación, nocturnidad y violencia- y que dicho sujeto ya se encontraba en prisión por otro delito de la misma índole y a punto de ser excarcelado. Su compañero fue detenido el pasado miércoles. Y la pésima y espeluznante noticia es que su imputación refuerza la teoría policial de que otro hombre, Rafael Ricardi Robles, un politoxicómano que malvivía debajo de un puente y que ya ha cumplido diez años de cárcel de los 18 a los que fue condenado por esos delitos, es inocente.

José María Deira, máximo responsable de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía; la inspectora Raquel Díaz, que desde la Comisaría de El Puerto-Puerto Real se implicó en las investigaciones hasta actuar como cebo de los violadores; Teodoro Fernández, inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de Cádiz y Luis Casais, inspector jefe de la Brigada de Policía Científica de la comisaría portuense, a cuyas órdenes se llevaron a cabo las pruebas de ADN, explicaron ayer en rueda de prensa los pormenores del último -quizá penúltimo- episodio de este caso, cuya noticia adelantó este periódico hace varios días.

El coautor de esta ola de violaciones, preso ya en Puerto 2 en cumplimiento de una condena por abusos sexuales en el ámbito familiar desde 2006, es un hombre de unos 53 años de edad que ha sido identificado con nombre y apellidos que se corresponden con las iniciales J.B.G. Se trata de un padre de familia supernumerosa.

La inspectora y el comisario mostraron a las cámaras un retrato-robot que se levantó a partir de las escasas descripciones -actuaban encapuchados- de algunas de las víctimas. Su compañero, cuyo nombre se corresponde con las iniciales F.P.G., tiene también unos 53 años y también es natural de Jerez.

"La Policía no olvida nada ni cierra nunca ningún expediente, sino que seguimos cotejando pruebas históricas", aseguró el comisario provincial. Deira explicó que la detención de los dos autores de esta decena de violaciones cometidas hace trece años ha sido posible gracias a un protocolo policial que "se ha demostrado eficaz, incluso después de tanto tiempo".

Según relató Deira, las agresiones sexuales comenzaron en 1995 en la zona de El Ancla y Las Redes, pero en 1998, la Policía creyó haber encontrado al responsable de aquellas atrocidades: un delincuente habitual que vivía en la indigencia, Ricardi, que llegó a inculparse de varias de ellas.

Rafael Ricardi fue condenado y encarcelado, primero en Puerto 2 y después en Topas (Salamanca). Sin embargo, las violaciones continuaron hasta 2000: siete en El Puerto, dos en Puerto Real y una Jerez. Las investigaciones permanecieron abiertas, pero no dieron sus frutos hasta junio del año pasado, aclaró el comisario, durante una actuación rutinaria.

Tras la detención de un individuo por un delito contra la libertad sexual, se comprobó su ADN, que coincidió con el perfil de cuatro de las muestras genéticas de las diez violaciones. A partir de aquí, buscaron todas las personas que habían sido detenidas en su compañía, hasta dar con el preso de Puerto 2. El miércoles era detenido el primero de los agresores y a las 13:00 horas del pasado viernes, los análisis de las muestras de ADN del recluso cantaban la coincidencia.

Mientras tanto, Rafael Ricardi continúa en la cárcel. "Estoy mejor aquí que en la calle", le llegó a decir en algún momento a uno de los policías que le entrevistaron. "Ahora todo depende de una decisión judicial", apuntó Deira.