Los propietarios del grupo inmobiliario Jale, José Antonio López Esteras y sus hijos, prestaron ayer declaración en el juzgado de instrucción número dos de Jerez como imputados dentro del proceso penal iniciado tras la presentación de querellas criminales por parte de 24 personas (que ayer se concentraron en la sede judicial con pancartas de protesta) por presunta estafa inmobiliaria, falta de avales y dobles ventas. Tras la declaración, que se prolongó desde las diez de la mañana y hasta cerca de las tres de la tarde, el propio López Esteras leyó un comunicado señalando que "Auditor-Censor Jurado de Cuentas ha emitido certificación que acredita que las sumas invertidas por Inmobiliaria Amuerga en la Promoción Residencial San Mateo y Promoción Arcobrigán en Jerez y Arcos, superan con creces los ingresos percibidos de los compradores". Respecto a la supuesta doble venta, subrayó que se centra "exclusivamente en una operación, que consistió en la suscripción de un documento de arras en enero 2007, en la que se entregaron 3.000 euros venciendo dicho documento en julio del 2007, día último para el otorgamiento de la escritura. Por lo tanto, esa vivienda quedó libre y no fue hasta agosto del 2008 cuando se formalizó con el querellante un documento de arras, entregándose por parte de éste 2.000 euros".

En cuanto a la insolvencia punible, hizo constar que el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz admitió mediante auto del 4 de marzo del 2008 el concurso voluntario de acreedores de Inmobiliaria Amuerga. El Informe presentado recientemente por la Administración Concursal acredita un valor de los activos que superan en 413 millones de euros el pasivo de la sociedad". En el caso concreto de Jerez, el propietario de Jale comunicó que tras las autorizaciones pertinentes por los administradores concursales "se han realizado las transferencias de fondos para dar continuación a los trabajos de arqueología necesarios para poder comenzar las obras de Residencial San Mateo". Así las cosas, adelantó que "nuestros abogados solicitan el archivo de la causa y se reservan el derecho de iniciar futuras acciones legales para restañar el daño que al honor de los denunciados pudiesen haber causado estas acusaciones infundadas".

Mientras tanto, el abogado Ángel González Rodríguez, que representa a los querellantes, señaló al término del proceso que "creo que han quedado acreditados tres tipos de estafa". En primer lugar, señaló "uno por avales, ya que se recoge en los contratos que las cantidades entregadas tenían que ser avaladas y no ha sido así; otra estafa también por avales (pero en un caso distinto), porque a una cliente sí que se le entregó documento de aval pero no sirve porque los cerca de 79.000 euros que entregó no se ingresaron en la cuenta especial de avales; y una tercera estafa, referida a duplicidad de venta sobre inmuebles". En ese último asunto, González Rodríguez explicó que "en sus declaraciones se refieren a las 13 viviendas de Nueva Medina, diciendo que sólo había contratos de arras. Ellos entienden que pasados seis meses ese contrato deja de existir y pueden disponer otra vez de la vivienda, pero lo hacen sin resolver el contrato ni devolver lo que recibieron por esas viviendas y sin ni siquiera notificarlo".