"Lo peor de los delitos por construcción ilegal era la sensación de impunidad"

  • La Fiscalía de Cádiz ha detectado un aumento de estos hechos, así como los relacionados con la prevaricación

Los Museos de La Atalaya acogieron ayer durante todo el día unas jornadas sobre urbanismo que ha organizado el Instituto de Gestión Gordios y en los que han colaborado los Colegios de Abogados de Jerez y Cádiz, así como el Colegio de Arquitectos de la provincia. Precisamente muchos profesionales de estos gremios fueron los asistentes, así como funcionarios y personal del Ayuntamiento. En total hubo unos 170 asistentes a estas conferencias donde se habló de la nueva normativa estatal y autonómica sobre la materia.

Ángel Núñez, fiscal coordinador de delitos urbanísticos y medioambientales de la Audiencia Provincial de Cádiz fue uno de los ponentes en las jornadas. "Ha habido un importante aumento tanto en el número de diligencias de investigación tramitadas en la Fiscalía como en el número de procedimientos penales ante los juzgados tanto de delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales, así como por prevaricación urbanística", matizó Núñez. Para el fiscal el mal que aquejó la provincia a ese respecto hasta ahora ha sido "la sensación de impunidad que se había extendido. Existía una percepción popular de que aún conociendo que los hechos que se ejecutaban eran delito, la edificación se iba a consolidar. No se iba a derribar y como las penas en un principio no implican automáticamente el ingreso en prisión pues se computaba como un coste más de la edificación. Afortunadamente con el aumento de sentencias de demolición, pues se quiebra la sensación de impunidad que era el principal mal al que nos enfrentábamos".

El problema fundamental en Jerez en lo que a delitos urbanísticos se refiere gira en torno a la construcción en suelo no urbanizable genérico, así como por construcciones en vías pecuarias públicas.

Las zonas más problemáticas en la provincia a este respecto han sido tradicionalmente el litoral con ciudades como Conil, El Puerto o Chiclana, pero ahora la Fiscalía detecta estos delitos en poblaciones del interior, "aunque también puede ser que los conozcamos al tener más medios". La provincia resulta muy atractiva desde el punto de vista de la construcción ilegal, señaló el fiscal, "aunque también estamos por delante en materia de condenas y que además contienen órdenes de demolición". Unas demoliciones que además tardaban mucho en llegar y que ahora se puede ordenar por un juzgado de lo Penal. "Eso va a marcar un punto de inflexión", dijo.

Núñez habló además de Marbella, donde ha habido mucha construcción ilegal que se ha vendido. "Se plantea además un problema social. Los fiscales de Medio Ambiente hemos sido muy críticos con los procesos de regularización, porque no cumplen los fines para los que se realizan, ya que no ponen fin a la construcción ilegal, sino que se convierten en un efecto llamada".

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