En 2007, la Agencia Tributaria inició una campaña a nivel nacional para investigar transacciones económicas que se habían realizado con billetes de 500 euros. Con una burbuja inmobiliaria en su máximo apogeo y próxima a estallar, las miradas se dirigieron sobre todo a las operaciones urbanísticas. En este contexto, Jerez no fue ajena a ese estudio situándose el foco sobre una concretamente, el desarrollo de La Norieta, unos suelos situados junto al Parque Empresarial que a día de hoy están urbanizados pero sin construir. Los funcionarios del organismo estatal tenían en su punto de mira a Gestión Inmobiliaria Ubriqueña (GIU), una sociedad dirigida por José Luis López que participó en esta operación. Aquello derivó en el descubrimiento de una ramificación de empresas con algunas transacciones dudosas que han acabado en diversos procedimientos judiciales como la Operación Halcón -una trama para facturar a empresas del sector de la piel para obtener desgravaciones y ventajas fiscales por unas operaciones comerciales ficticias-. Y entre esa amalgama de empresas interconectadas por las vinculaciones más variopintas apareció Ingeniería Jienense SL, que en 2006 había comprado la estación de autobuses de Jerez.

Este fue el germen de las diligencias que han acabado en el juicio que desde mediados del pasado mes se está desarrollando en la sección jerezana de la Audiencia Provincial donde están sentados en el banquillo el ex alcalde Pedro Pacheco y el empresario ubriqueño, entre otros. La Fiscalía, tras un informe elaborado por la Agencia Tributaria, denunció posibles irregularidades en esta operación urbanística ya que supuso un perjuicio para el Ayuntamiento al venderse el inmueble a un precio notablemente inferior al de mercado. En la sesión de ayer, y por espacio de cinco horas, declaró en calidad de testigo el funcionario que dirigió el equipo que investigó esta operación, el inspector jefe de la Unidad Regional de Inspección en Jerez, Ramón Castilla.

Este empleado público detalló, a preguntas del fiscal Manuel Arjona, que esta compraventa llamó la atención de los investigadores por lo que, en este contexto, se decidió pedir documentación tanto a esta sociedad como a Emusujesa, la empresa municipal que vendió el inmueble. Así, el equipo comprobó que se había traspasado por un precio de 2,7 millones, un poco más del valor catastral de la finca, estimado en 2,5 millones - "el valor catastral suele ser en torno al 50% del precio de mercado", explicó ayer el funcionario en la vista oral, una afirmación cuestionada por uno de los abogados que advirtió que estaba sustentada en una ponencia catastral elaborada años después de la venta del inmueble-. La Agencia Tributaria, siguiendo la descripción de los hechos realizada por el jefe de la Unidad de Inspección, continuó con sus pesquisas puesto que la operación "no cuadraba con la realidad". Tras analizar los movimientos bancarios y aprovechando que la Agencia Tributaria de Jaén y de Badajoz ya estaba estudiando las cuentas de Ingeniería Jienense SL por otras transacciones, se aprovechó una comparecencia de su administrador, Ángel Monereo -que para la Fiscalía es un testaferro de José Luis López y que está acusado en estas diligencias- para preguntarle por la operación de la compraventa de este antiguo equipamiento público.

En aquella declaración, y siguiendo la versión ofrecida ayer por el empleado estatal, Monereo reconoció que no llevaba la gestión de la sociedad, a pesar de ser su socio y administrador único, y que solo supo de la compra de la estación cuando fue a firmarla a la Notaría. Ayer, el funcionario dijo sobre aquella declaración: "Parecía como si el administrador de la sociedad quisiera decir que él no había hecho nada de eso". En cambio, varios de los abogados defensores aprovecharon para censurar este procedimiento del órgano estatal al entender que el acusado se vio sorprendido por las preguntas de un funcionario cuando había sido citado para otro expediente. Castilla alegó en su defensa que esta fórmula de citación es legal y que se hizo de este modo ya que los hechos analizados así lo recomendaban.

Tras la declaración de Monereo y otras pesquisas, la Agencia Tributaria elaboró un informe donde mostraba su convencimiento que estas firmas estaban dirigidas por José Luis López y su socio Francisco Chaves, también acusado en este juicio, y advertía que los participantes en esta operación podrían haber incurrido en unos hechos delictivos más allá de los fiscales. Por ello lo puso en conocimiento de la Fiscalía que, meses después, interpuso la denuncia en el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez y que ha acabado en la vista oral que actualmente se está celebrando en la Audiencia Provincial.

El juicio proseguirá hoy con la declaración de más testigos.