Antes de que Mariano Fernández Bermejo presentara su dimisión en la mañana de ayer, varios cargos de su partido lo habían criticado abiertamente. A Patxi López, candidato socialista en las elecciones vascas, y al presidente del Congreso, José Bono, se le sumó el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Manuel Gracia, quien dijo no gustarle las monterías "desde que vi La Escopeta Nacional". Y es que la película de Berlanga se ha convertido durante todo este mes en un referente para ejemplificar cómo las monterías han sido mucho más que "un hecho cinegético", tal como lo definió Fernández Bermejo, sino un escenario donde se cruzaban intereses económicos e influencias políticas.

Mariano Fernández Bermejo y el juez Baltasar Garzón pasaron juntos el fin de semana 7 y 8 de febrero en la provincia de Jaén. El ministro socialista y el juez que acababa de detener a varias personas del entorno del PP por el caso Gurtel, que afecta a este partido en Madrid y en Valencia, participaron el sábado en una montería en Andújar, en una finca de Santiago Peralta: Navaltorno. Sólo hubo nueve puestos de caza para otros tantos cazadores, aunque cada uno de ellos iba acompañado. El ministro abatió cuatro ciervos, y el sábado por la noche cenó con el juez Garzón en el Hotel del Val, propiedad del dueño de la finca.

Al día siguiente, Bermejo y Garzón se fueron a una finca de Torres, municipio de donde es el juez. En este caso, no se trató de una montería, sino de un descaste, una batida para nivelar la población de animales que cuenta con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Dos muflones mató Bermejo.

La coincidencia del ministro y el juez que instruía un caso de gran calado contra parte del PP de Madrid ya fue tildada de poco "estética" por algunos cargos socialistas, mientras que los líderes populares consideraban así se demostraba una presunta parcialidad de instructor de la Audiencia Nacional.

Pero había más: la culpa fue de la España de las autonomías.

Para cazar en este país, no sólo hace falta tener licencia y un seguro, sino que hay que obtener un permiso adicional en muchas comunidades autónomas. Es el caso de Andalucía. Desde que se aprobó la Ley de Conservación de la Flora y la Fauna de Andalucía, los cazadores y pescadores de río necesitan aprobar un examen para conseguir la licencia, que la otorga la Consejería de Medio Ambiente. Los nombres quedan registrados en un listado que no es público. En el caso de cazadores venidos de fuera, deben sacarse una licencia autonómica que no cuesta más de 30 euros. El caso es que el ministro de Justicia no tenía este papel. Él mismo lo admitió, dijo sentirse "desolado" por ello, aunque un tanto confundido porque creía que Andújar estaba cerca de Puertollano, donde él suele ir a cazar, aunque -claro- con la licencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Ello motivó que la Consejería de Medio Ambiente anunciara la apertura de un expediente que acabaría "previsiblemente" en una sanción que oscila entre los 600 y los 4.000 euros.

Sin embargo, Manuel Chaves añadió un tanto de duda el viernes pasado, cuando se mostró favorable a unificar los permisos de caza que otorgan las comunidades autónomas en una suerte de licencia nacional. Un portavoz de Medio Ambiente matizó ayer que el expediente se seguirá tramitando de oficio.