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El fallo de la plusvalía

  • El Consistorio percibe 14 millones por un tributo cuestionado por el Constitucional

  • Un juez de Jerez eleva cuatro casos a este tribunal

Escaparate de una inmobiliaria de la ciudad. Escaparate de una inmobiliaria de la ciudad.

Escaparate de una inmobiliaria de la ciudad. / pascual

Los ayuntamientos tienen desde la pasada semana un nuevo problema económico. El Tribunal Constitucional ha tumbado en parte el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, el tributo conocido como la plusvalía y que grava las operaciones de compraventa de inmuebles. El tribunal ha determinado la ilegalidad de su cobro en aquellas operaciones donde no haya una ganancia para el vendedor, una circunstancia que puede aminorar una importante vía de ingresos para las entidades locales. No en vano, el Ayuntamiento jerezano recaudó el año pasado unos 11,1 millones por este concepto, aunque tiene derecho a percibir otros tres millones más. Y para este año estima que unos 10 millones.

Ahora bien, aún está por determinar el impacto definitivo de esta sentencia puesto que deberá cambiarse por parte del Gobierno central la normativa que lo regula. No en vano, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha solicitado al Ministerio de Hacienda una "aclaración" del fallo del Constitucional pues ha invalidado la regulación de este tributo en la normativa foral de la provincia de Guipúzcoa. Pero se da la circunstancia de que su redacción es igual a la ley que se aplica en el resto del país por lo que todo apunta a que el Constitucional se pronunciará en similares términos en las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas en todo el país contra el articulado que recoge este tributo. Precisamente, hace escasas semanas aceptó a trámite cuatro cuestiones planteadas por el Juzgado de lo Administrativo número uno de Jerez.

Ante este panorama, la FEMP ha reclamado al Ministerio de Hacienda que se pronuncie sobre la "situación actual del impuesto" puesto que no es una cuestión baladí para las entidades locales que temen perder una de sus principales vías de ingreso.

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