El curso político comenzó con una sesión plenaria de casi ocho horas de duración donde, entre otros asuntos, se abordó la situación de las instalaciones militares que están actualmente sin uso. El gobierno municipal señaló que se está estudiando la posibilidad de denunciar judicialmente al Ministerio de Defensa al negarse a devolver de manera gratuita los terrenos del Depósito de Sementales. El cierre del centro de formación profesional de San Juan de Dios, la necesidad de dotar más funcionarios al Ayuntamiento o las carencias de los servicios sanitarios del Jerez rural fueron algunos de los asuntos abordados de una sesión donde, como es habitual, tuvo momentos donde los ediles pecaron de excesiva sobreactuación, de confrontación innecesaria y de interrupciones.

Salió adelante por unanimidad la proposición de Ganemos Jerez de reclamar al Ministerio de Defensa la reversión gratuita las instalaciones militares ya desafectadas, concretamente el Rancho de la Bola y el Depósito de Sementales. Para justificar la propuesta, el edil Manuel Fernández indicó: "No queremos que Defensa haga caja sino que devuelva estas instalaciones". Fue el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, quien le respondió señalando que ha habido contactos en este sentido pero que ambas propiedades se encuentran en distinta situación. Así, por el Rancho de la Bola Defensa ha fijado un precio de un euro por metro cuadrado, estimándose la compraventa en más de un millón de euros, una cuantía "inasumible" a día de hoy por el Ayuntamiento. Sobre Sementales, el edil explicó que hay una controversia jurídica con Defensa sobre su reversión. En este sentido, el Ayuntamiento entiende que las escrituras de cesión de estos suelos, que data de la década de los 40, señalan que este enclave debería volver al patrimonio municipal de manera gratuita cuando dejara su uso por lo que el ejecutivo entiende que ya debe producirse la devolución. En cambio, Defensa se agarra a que una ley de patrimonio público señala que, transcurrido 30 años de la cesión de un inmueble, este pasa a ser de pleno derecho del organismo beneficiario, de ahí que demande compensación económica en consonancia al principio de acuerdo que alcanzó con el anterior gobierno del PP, donde se le permitía ser beneficiario de parte de la edificabilidad lucrativa asignada a estos suelos. Ante esta controversia, la alcaldesa, Mamen Sánchez, indicó que se está realizando un "estudio jurídico" para ver si "hay que reclamar en los tribunales".

Mientras, una proposición del PSOE encaminada a eliminar la tasa de reposición para aumentar el número de funcionarios en el Ayuntamiento -actualmente hay 187 de 1.713 trabajadores-volvió a servir de enfrentamiento entre el gobierno y el PP por las políticas en materia de personal. Al respecto, la edil de Recursos Humanos, Laura Álvarez justificó la propuesta alertando de que la Ley de Presupuestos del Estado establece la obligatoriedad de que el número de laborales de la entidad local no sea superior al 8% cuando en la actualidad el Consistorio está en el 71%. "¿Cómo vamos a cumplirlo, con un ERE masivo?, espetó. En respuesta, el portavoz adjunto del PP, Antonio Saldaña, acusó al ejecutivo socialista de "tratar de meter miedo a la plantilla".

Otro asunto abordado en la sesión de ayer fue el cierre del centro de formación ocupacional de San Juan de Dios. Los grupos de la oposición aprovecharon para cargar contra la Junta de Andalucía a la que acusaron de "improvisar" el anuncio de que el año próximo se reabrirá como instituto de formación profesional. En su defensa, Laura Álvarez insistió en que, a pesar de la falta de actividad en estas instalaciones, no se ha visto resentida la formación profesional a desempleados en la ciudad con más de 60 cursos en este año y anunció que se está ultimando un convenio para homologar espacios municipales para el desarrollo de cursos de formación profesional ocupacional.