El gobierno local anunció ayer que la Comisión de Pleno de Auditoría y Transparencia del pasado 12 de marzo acordó encargar un informe jurídico que analice el expediente de la contratación de un despacho de abogados, llevado a cabo por el gobierno municipal del PP para la defensa de las demandas individuales de los despedidos en el ERE, "ya que pese a que el precio del contrato exigía legalmente llevar a cabo un procedimiento de contratación abierto (lo que se conoce por concurso), se tramitó un procedimiento negociado sin publicidad y sin tan siquiera invitar a un mínimo de tres bufetes, como también exigía la ley, siendo adjudicado directamente a un despacho de abogados".

Cabe recordar que la Comisión de Pleno de Auditoría y Transparencia, dentro de su ámbito de auditoría, acordó analizar todos los expedientes de contratos de Estudios y Trabajos Técnicos realizados desde el 2012 al 2016, por lo que "una vez visto por sus miembros el expediente del referido contrato, la Referida Comisión ha dispuesto que se encargue un informe jurídico al bufete adjudicatario del servicio de asesoramiento jurídico".

El PP replica que todo el procedimiento es legal porque se hizo "por urgencia"

En este sentido, el gobierno municipal se pregunta "si no será éste el motivo por el que precisamente el PP ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento contra la contratación de despachos de abogados para la defensa jurídica y para el asesoramiento jurídico. ¿Teme algo el PP sobre el informe jurídico que deberá realizar el bufete externo adjudicatario del contrato?".

El gobierno municipal reitera que "el procedimiento de contratación que se ha llevado a cabo parte de la necesidad de un refuerzo del gabinete jurídico municipal, que sólo cuenta con tres empleados municipales asumiendo funciones de defensa jurídica y que hasta existe una denuncia ante la Inspección de Trabajo por sobrecarga de trabajo del gabinete jurídico, lo que llevó a la necesidad de contratar un bufete externo como refuerzo". En este sentido se destaca que "por primera vez en la historia del Ayuntamiento se ha llevado a cabo un procedimiento de contratación abierto (concurso) para la adjudicación de contratos de defensa jurídica, contando con informes favorables tanto jurídico como de la Intervención Municipal".

Por tanto, "ante un procedimiento de contratación abierto con informes favorables, el recurso del PP contra él sólo puede obedecer a un intento desesperado de parar la emisión del informe jurídico sobre la referida posible contratación irregular que hicieron a principios de 2015 y la emisión de otro informe jurídico sobre las deficiencias detectadas por la actual Intervención Municipal respecto a la documentación de las cuentas de Ajemsa y otras entidades municipales disueltas por el gobierno del PP, que también ha encargado la Comisión de Pleno de Auditoría y Transparencia", concluye el comunicado del gobierno local.

El partido Popular replicó ayer de inmediato a las insinuaciones del gobierno local y lo hizo con otro comunicado en el que responde a "las dudas que el actual gobierno del PSOE ha trasladado a la opinión pública sin fundamento jurídico alguno respecto a contrataciones puntuales realizadas para la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo y las continuas irregularidades que está cometiendo Mamen Sánchez en la privatización del servicio jurídico del Ayuntamiento de Jerez".

El PP dice que "el acuerdo que se adoptó por junta de gobierno local para la contratación de la Asesoría externa puntual para la contestación de las demandas del Expediente de Regulación de Empleo se realizó en base al artículo 170 apartados d) y e) de la ley 3/2011, de Contratos del Sector Público".

"Este precepto legal permite que la administración no pida tres ofertas en determinadas situaciones "cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado". Igualmente, según el PP, permite que la administración "acuda a este procedimiento, independientemente del precio del contrato, por urgencia cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 112".

El PP dice que "a pesar de la información interesada que suministra el actual gobierno del PSOE y determinadas asesoras con intereses personales en la externalización del servicio de asesoría jurídica, sólo podía encomendarse dada la premura de plazos para contestar demandas que da la ley, a la empresa que había llevado el procedimiento de despidos y que conocía perfectamente el expediente ya que adjudicar a un despacho más de doscientas demandas en el plazo que da el juzgado, es imposible materialmente. De no hacerse así, no se hubiera logrado una defensa seria, además de que hubiese sido mucho más costoso obviamente, pues habría requerido más tiempo de estudio.