El ambicioso Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), el conocido Plan E que puso en marcha hace ahora cuatro años el Gobierno de Zapatero para estimular la economía y combatir el paro, no cubrió en demasiados casos sus principales objetivos: poner en marcha proyectos productivos de nueva planificación en los municipios y rebajar las cifras de desempleo, especialmente las del sector del 'ladrillo'. Ahora el Tribunal de Cuentas ha emitido un informe de fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las inversiones financiadas por este fondo y, a la vista de sus conclusiones, queda claro que el controvertido Plan E más que estimular la economía como perseguía, alimentó el despilfarro y el descontrol del dinero público en los ayuntamientos. De hecho en ese informe figura Jerez como una de las grandes ciudades del país donde se pone en entredicho la gestión de una inyección estatal que en el caso de la ciudad ascendió a 47 millones de euros a invertir durante 2009. De ese dinero, ha habido actuaciones coherentes cuyos frutos se han venido recogiendo en los últimos tiempos, como la rehabilitación integral de los Claustros o la inversión destinada al Alcázar, pero también dislates que a día de hoy siguen teniendo difícil justificación.

Dentro del muestreo que ha realizado este órgano de control sobre 700 ayuntamientos y 1.270 actuaciones con cargo al Plan E, aparece muy destacado el proyecto del centro administrativo y de servicios sociales del Distrito Norte de Jerez, que contemplaba 52 nuevos puestos de trabajo, como uno de los casos donde se recogen más irregularidades. Al margen de tardar un total de 270 días en abrir sus puertas desde que se comunicó el 'final de obra' al Ministerio de Administraciones Públicas -posteriormente hay que recordar que estuvo casi un año abastecido por un generador para contar con energía eléctrica-, el Tribunal de Cuentas también ha detectado en el proyecto de las nuevas instalaciones diferentes irregularidades en la licitación pública (se inició antes de aprobarse el expediente de contratación) y ejecución del contrato de obras. Además, el informe también pone de manifiesto que el proyecto se excedió en el coste límite de 1 millón de euros fijado para cada iniciativa. Un presupuesto total de 4,6 millones de euros de los que "el 99% tuvo su origen en gastos de personal". Por si fuera poco, también supuso un importante gasto derivado de su puesta en funcionamiento alcanzando, según recoge este órgano de fiscalización, un coste de 23 euros por habitante, el segundo más alto de las actuaciones analizadas. Otro de los proyectos sobre los que se han detectado irregularidades en el Plan E fue la urbanización de una parcela para equipamiento en Lomopardo, cuya fecha de adjudicación de las obras se produjo en abril de 2009 y éstas no se iniciaron hasta julio de ese año, por lo que se incumplió el requisito de ejecución inmediata.

Sin embargo, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas han escapado muchos otros de los proyectos que se pusieron en marcha con este plan estatal y que siguen sin abrir sus puertas y cumplir con la finalidad para la que se financiaron. Sin ir más lejos, este mismo mes está previsto que se inaugure la Nave del Aceite, rehabilitación que se sufragó con cargo al Plan E 2009, mientras que otras actuaciones como el Museo del Belén abrió sus puertas temporalmente a finales del pasado año y sigue a día de hoy cerrado a cal y canto. Hay muchos más casos.

Al margen de las irregularidades al manejar los fondos, el caso de Jerez ha sido especialmente sangrante pues nada más aterrizar el nuevo gobierno local denunció ante Fiscalía desfases de tesorería de 6,2 millones de euros en fondos que debían ir a obras programadas con cargo al Plan E de 2010. Eso ha provocado que todavía hoy sigan obras abandonadas en la ciudad que tenían que haber concluido hace años y otras que a duras penas han podido retomarse tras la gestiones emprendidas por el equipo popular al frente del Ayuntamiento. En el primer caso se encuentran los trabajos empantanados de la nueva jefatura de la Policía Local y, en el segundo extremo, se hallan las obras de la nueva Escuela Oficial de Idiomas, cuya obra se ha podido retomar en las antiguas bodegas Valdespino de calle Ponce.

A los anteriores hay que sumar otras casos no menos llamativos de proyectos, como el del Museo de Lola Flores en Villapanés, al que se destinó 1 millón de euros y ni llegó a empezar; y otros, como el Centro de Interpretación del Río Guadalete, cuyos trabajos de ejecución arrancaron y a día de hoy es todo un misterio saber exactamente qué futuro le aguarda ante un Ayuntamiento en suspensión de pagos. Desde luego, el caramelo podrido para los ayuntamientos que supuso el invento del Plan E ha dejado un legado igualmente envenenado.