Las facturas en el cajón, aquellas que no tienen la correspondiente consignación presupuestaria, siguen incrementándose en el Ayuntamiento jerezano. El importe total ya supera los 80 millones de euros, según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda, correspondiente al tercer trimestre del pasado año. La gravedad de esta magnitud se refleja en que solo otros tres ayuntamientos en todas España tienen más obligaciones pendientes de reconocer que el Consistorio jerezano (estos son los de Parla, Madrid y Torremolinos).

La cuantía ha aumentado unos cuatro millones de euros en lo que va de año (en torno al 5%), siendo una de las entidades locales que más la ha incrementado comparando los datos publicados en este registro público. Las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (denominadas técnicamente por su acrónimo 'Opa') recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación al presupuesto. Son varios los factores que generan estas deudas pendientes pero, en el caso del Consistorio jerezano, se ha debido en buena medida al retraso del gobierno local en aprobar el presupuesto del pasado ejercicio -no entró en vigor hasta final de año- ya que no había las correspondientes partidas económicas actualizadas .

No obstante, se da la circunstancia de que la deuda con los proveedores, tanto la reconocida como la pendiente de formular en el presupuesto, sigue incrementándose mes a mes. Así, si las Opas ya se situaban en el tercer trimestre en los 80 millones, las pendientes de pago únicamente se sitúan ya en los 67,1 millones de euros, unos 14 millones más que a principios de año. De hecho, días atrás, el delegado de Economía, Santiago Galván, justificó que el aumento en el tiempo de pago de estas obligaciones (que ya ronda los nueve meses de retraso) se debe a que se están tratando de dar salida al ingente volumen de facturas pendientes de aplicación.

Precisamente, en el último trimestre del pasado año se aprobó por parte de los grupos un borrador donde se establecen una serie de criterios para tratar de reducir estas cuantías. Mediante un baremo se pretenden priorizar las obligaciones en función de su antigüedad o su adscripción a los servicios sociales municipales.