Un auto de la titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Jerez, María Caridad Moreira Lanseros, ha obligado a la promotora inmobiliaria Bami SA, adscrita al grupo de Metrovacesa, a ejecutar provisionalmente la sentencia por la que fue condenada a reparar 87 unifamiliares que no entregó en buenas condiciones y que presentaban numerosos desperfectos.

Esta decisión es fruto de la solicitud de ejecución provisional de la sentencia que condenaba a Bami presentada por la parte demandante, la comunidad de propietarios de la primera fase de la urbanización residencial de Las Delicias, que no ha cesado en su particular batalla judicial contra la promotora desde que, a mediados de 2002, recibieran sus viviendas. La sentencia consideraba que los unifamiliares se entregaron "contraviniendo las normas legales aplicables y las normas de la buena construcción", se decía textualmente. La jueza concluía además en la sentencia que los "defectos y vicios constructivos" que denunciaron los propietarios fueron consecuencia directa de que la promoción no se entregase en las condiciones que se habían acordado.

De arreglo al auto de la jueza, que fue notificado el pasado 19 de noviembre, Bami dispondrá de un plazo de tres meses para iniciar la reparación de los desperfectos encontrados en los unifamiliares y de seis meses para su ejecución material. Esta resolución es firme y no cabe recurso contra ella. Distinto es el recurso de apelación que, en su momento, presentó la promotora contra la sentencia del pasado 5 de octubre y que obliga a la provisionalidad de esta nueva decisión.

En declaraciones a este periódico, el presidente de la asociación de vecinos, Carlos Díaz, transmitió su gran satisfacción tras "seis años de lucha. Lo más novedoso del auto judicial es el plazo de tiempo, nunca esperábamos un plazo tan corto. Ha sido una sentencia ejemplarizante".

Junto a los problemas de humedades, filtraciones y malos olores en los baños que afectaban a las viviendas, la promotora deberá reparar desperfectos en la red de alcantarillado y de comunicaciones y el asfaltado de la calle interior peatonal, que presenta hundimientos. De igual manera, las reparaciones incluyen la retirada de la pintura de toda la fachada y del techado y de las paredes interiores, además de la sustitución de todas las cancelas de las viviendas, entre otras muchas actuaciones.

El auto judicial también contempla la obligatoriedad de la sociedad promotora de cubrir los gastos de realojamiento de los inquilinos en caso que sea necesario mientras se prolonguen las obras de reparación, una medida que "va a ser necesaria en todos los casos", según palabras del representante vecinal a este periódico.