Antes de que la Audiencia Nacional abriera diligencias para esclarecer los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales cometidos por el Granada Club de Fútbol durante los años en que fue gestionado por Enrique Pina, la Justicia italiana ya tenía una investigación en marcha en la que los agentes de la Guardia de Finanza analizaban con lupa al club andaluz, a sus directivos y a las empresas vinculados a éstos. Todo ello por sus relaciones con el Udinese Calcio SPA, equipo de fútbol que en aquel momento tenía al mismo propietario que el Granada, Gino Pozzo.

Buena parte de la investigación que dirige el juez español José de la Mata se sustenta en la documentación acumulada y analizada por los agentes italianos, dado que el Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional envió el año pasado una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de la República de Italia, país del que han recibido una extensa documentación e informes que incriminan a Pina, Pozzo y otros gestores del Granada CF durante aquellos años (de 2009 a 2015), según consta en el sumario de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso este periódico. Se trata de contratos, facturas y pagos que forman parte del procedimiento penal número 8895/14 que se sigue en la Fiscalía de la República de Italia en el Tribunal de Udine.

A través de los órganos de coordinación policial, en España se tuvo conocimiento de la causa abierta en Italia, que se inició contra Franco Soldati, en su calidad de representante del Udinese, así como contra la familia Pozzo, por los supuestos delitos de falsedad documental y de fraude fiscal.

La operativa investigada es similar a la que se recoge en el sumario contra Pina en España, pues se trataría de una estrategia para evadir impuestos a la Hacienda pública italiana por medio de la emisión de facturas falsas por supuestos servicios de asesoramiento en la compraventa de jugadores desde empresas extranjeras: Serbia, Ghana, Austria y España. En nuestro país, una de las sociedades que aporta más facturación al Udinese es el Granada CF, que habría prestado servicios ficticios por valor de 24 millones de euros. Del mismo modo, los agentes italianos también disponen de facturas del mismo tipo emitidas por Calambur Intermediaciones SL, empresa que los investigadores atribuyen a Quique Pina, pese a estar representada por testaferros. Hay una lista de mercantiles españolas en la misma situación, pero en este caso, todas relacionadas con el propio Pozzo: Grup Serton 33 SL o Casals Herramientas Eléctricas SL. Todas ellas también facturaban al Granada CF por el mismo concepto que al Udinese, que era el de servicios de intermediación en la compra de jugadores.

En la investigación judicial italiana se estima que la familia Pozzo habría ocultado hasta 12 millones de euros a Hacienda a través de su red de empresas y testaferros.

La Policía española ha mantenido reuniones con los agentes especializados en este tipo de delitos en Italia, que estuvieron desplazados en España. Y antes de la petición de auxilio española, las autoridades del país vecino ya habían pedido tres comisiones rogatorias a juzgados nacionales con el fin de realizar registros (en Barcelona) u obtener información (Murcia y Granada). Consta en el sumario que esta gestión realizada por un juzgado granadino no tuvo éxito porque la hermana de Quique Pina (administradora de una de sus empresas) y el propio Granada CF se negaron a facilitar los documentos reclamados por la Justicia italiana. Es decir, que el club ya pudo saber en 2016 que había una investigación en marcha, pero "no facilitó toda la documentación". Aunque no se especifica si esto ocurrió antes o después de la venta del club a los inversores chinos.

Una vez iniciada la causa española, el juez dictó un auto en marzo de 2017 para enviar la comisión rogatoria a Italia y obtener así "contratos, facturas, medios de pago justificativos, documentación acreditativa de trabajos…". En concreto, se pidió todo lo avanzado en su investigación sobre el Granada CF, Daxian 2009 SL (que fue propietaria de este club deportivo), otras empresas relacionadas con Pina (Cordero Sport, Joaquín Vigueras Sports, ADGB Sport, Calambur Intermediaciones) y sociedades españolas atribuidas a la familia Pozzo.

La información llegada de Italia al Juzgado de la Audiencia Nacional no sólo contiene documentos e informes sobre el Granada CF, Pina y Pozzo, sino también relacionados con otras personas de su entorno que trabajaron directa o indirectamente en el club rojiblanco. Es el caso de David N. J., que fue gerente del club. El juez argumenta en uno de sus últimos autos preparatorios de los registros de la Operación Líbero que hay "abundante documentación relativa a él" de la época en la que tuvo ese cargo. De su análisis, continúa el instructor, se desprende que era conocedor de muchos de los hechos investigados.

Entre la relación de asuntos de su conocimiento estarían las "relaciones entre el Granada CF y el Udinese para el traspaso de jugadores" y como ejemplo se cita el contrato de cesión de Mikel Rico del club español al italiano. También estaría implicado supuestamente en las "cesiones de jugadores a otros clubes" como la operación de Guilherme Siqueira al Benfica o la posterior al Atlético de Madrid. Y en los "pagos que Calambur Intermediaciones SL (de Quique Pina) recibe de Udinese. Concluye el juez que es "conocedor del papel de Gino Pozzo y de Enrique Pina en la toma de decisiones relativas a jugadores". También consta en esos documentos italianos que David N. J. habría recibido pagos del club italiano, como 13.000 euros de una factura de la temporada 2011/12.