La colmena

Magdalena Trillo

mtrillo@grupojoly.com

Concejales florero

Resulta paradójico que, justo cuando nosotras empezamos a quitarnos el estigma, se lo quieran apropiar los servidores públicos

A L único concejal del PP que hemos escuchado decir abiertamente que sí sabía lo que leía, lo que hacía y lo que votaba en las juntas de gobierno cuando formó parte del núcleo duro del exalcalde Torres Hurtado -así lo declaró cuando compareció ante la jueza-, es a Curro Ledesma. Aprovechando su situación especial como "concejal portavoz" no ha hecho otra cosa desde que hace un año saltó el caso Serrallo -con la imputación de todos los ediles que en 2014 aprobaron el cambio de uso de una parcela municipal para que García Arrabal construyera una discoteca en un espacio reservado para un parque infantil- que intentar desmarcarse de la estrategia "suicida" de sus compañeros escurriendo el bulto en los funcionarios. Su argumento es que votar lo contrario al dictamen de los técnicos sí que hubiera sido prevaricar, que todas las actuaciones se "ajustaron a derecho" y que estaban avaladas por el criterio de los técnicos.

Aunque al final llegamos a la misma defensa que arguyen todos los ediles imputados en el escándalo urbanístico, importa el trasfondo de los argumentos. Fernando Egea, por ejemplo, se arroga el papel del edil enterrado en la burocracia: cerca de 2.000 expedientes en un año (exactamente 1.853 en 2012 como hasta se ha entretenido en contar) y en asuntos tan diversos como tráfico, turismo, comercio, economía o contratación.

Isabel Nieto, responsable de Urbanismo en los últimos mandatos de Torres Hurtado y amiga personal del exalcalde, va -una vez más- por libre. Esta misma semana ha llegado a decir con absoluto descaro en una emisora de radio que son los altos cargos de confianza y los técnicos los que llevan la gestión municipal, que son la "cúspide de la pirámide administrativa", mientras los concejales se dedican a sus cosas: a "inaugurar puentes" y "a ir de procesiones y actos públicos".

Resulta paradójico que justo cuando nosotras empezamos a quitarnos el denigrante estigma de la mujer florero sean los servidores públicos los que quieran apropiarse de la etiqueta. No estaban; no entendían; no sabían. Unos viven entre algodones al margen de las nimiedades de lo cotidiano -así vimos en el caso Nóos a la infanta Cristiana, con su alta cualificación y su buen puesto en La Caixa, sin saber ni lo que firmaba ni lo que gastaba-, otros van tan sobrados que ni se percatan de que hay un Jaguar en su garaje -tal vez sea el mayor legado de Ana Mato como ministra- y otros tienen la suficiente agudeza intelectual y diligencia profesional para cobrar sus nóminas a final de mes -las que les pagamos entre todos- pero no para hacer nada a cambio.

Lo que ha hecho la jueza del caso Serrallo -y probablemente lo veamos con los ocho expedientes que engrosan la causa Nazarí- es poner sentido común sobre la responsabilidad y la trascendencia de la actividad municipal. Sin entrar a valorar la mediocridad o brillantez de los ediles, la magistrada pone sobre la mesa el reglamento de funcionamiento de las entidades locales (artículo 16) para fundamentar cuestiones que, si no fuera por la gravedad de los delitos que se investigan, casi rozan la obviedad: que "queda meridianamente claro que los miembros de la junta de gobierno local deben estar debidamente ilustrados (obligación que compete a los mismos) sobre el contenido de los distintos expedientes respecto a los cuales se va a votar o debatir" y que deben "recabar la información necesaria" para ello "habida cuenta de la importancia de las decisiones adoptadas" en tanto que "determinan la dirección de la política local, con efectos directos e inmediatos en los ciudadanos".

Simplificando, que "no pueden limitarse a votar" -aquí cita el propio testimonio de Torres Hurtado que desencadenó la imputación de toda su junta de gobierno-, que tienen que "cerciorarse de que las decisiones se ajustan a la legalidad" y asumir las responsabilidades políticas y penales de su actos.

Una enmienda a la totalidad a la figura del concejal autómata. En el caso Serrallo, posiblemente en el caso Nazarí y, lo más trascendente de todo, sentando un valiente fundamento jurídico para frenar en seco la oportuna epidemia de los concejales florero.

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