El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, anunció ayer que comenzará mañana el proceso para destituir de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, aseguró, perpetraron un "golpe de Estado". "Esos magistrados que dieron un golpe de Estado no pueden quedar impunes", afirmó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara.

Los opositores insistirán en el relevo de los juristas que dirigen la Justicia venezolana pese a que el TSJ suprimió el sábado algunas partes de las dos polémicas sentencias con las que asumía las competencias del Parlamento y delimitaba la inmunidad parlamentaria.

Maduro recibe a la fiscal general tras sus críticas al Supremo por "romper el orden constitucional"

Guevara llamó a sus partidarios a demostrar que no van a "obedecer a esta tiranía". El parlamentario además aprovechó la ocasión para aplaudir la posición de la fiscal general, Luisa Ortega, que calificó la decisión del Supremo como una "ruptura del orden constitucional".

Guevara no dejó claro cuál es el objetivo o el alcance del acto del Parlamento contra los magistrados que integran la Sala Constitucional dado que la Cámara venezolana está en "desacato" desde hace más de un año, y sus actos son "nulos" y por tanto inválidos.

Con anterioridad, el presidente del Parlamento, Julio Borges, había acusado a los magistrados, en una entrevista televisiva, de haber cometido delitos de "lesa humanidad" y aseguró que la Justicia venezolana y la del mundo irán contra quienes atentaron contra los derechos de los venezolanos.

El ex presidente del Legislativo, el también opositor Henry Ramos Allup, aseguró en un mensaje en la red social Twitter que acudirán a los respectivos tribunales disciplinarios para que "se revoque título y expulsen miembros" de la "sala inconstitucional". El Parlamento ya intentó a principios de 2016 la destitución de varios de esos magistrados por considerar que fueron nombrados por el chavismo de forma irregular; sin embargo, no logró materializar su salida.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió ayer con la fiscal general, Luisa Ortega, después de que ésta alertara al país de la "ruptura del orden constitucional" que representaba la decisión con la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las funciones del Parlamento. La cita fue en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, y, aunque no se ofrecieron detalles ni declaraciones del encuentro, en las imágenes se vio a Maduro recibir de Ortega un ejemplar del informe de la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del Estado venezolano de 1958 a 1999, concluido hace poco.

En paralelo, ciudadanos venezolanos se concentraron en la Plaza de Callao para protestar contra el Gobierno de Maduro y pidieron al presidente de Venezuela que convoque elecciones en el país.

"Abajo cadenas", "abajo la dictadura" o "ante la dictadura, rebeldía cívica" son algunos de los lemas de las pancartas que portaban los manifestantes, que recibieron el apoyo de representantes políticos como la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández.