El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo consiguió este miércoles en menos de siete horas saldar una primera cuenta con la justicia que lo persigue desde hace cuatro años, al ser extraditado desde México, declararse inocente de los cargos de corrupción en su contra y quedar libre bajo fianza.

El juez Quinto de Primera Instancia Penal Julio Shetumul, encargado del caso, consideró que no existe peligro de fuga del acusado, porque él mismo se entregó a las autoridades mexicanas para que lo extraditara a Guatemala, por lo que resolvió dejarlo en libertad condicional, previo pago de una fianza de 130.000 dólares (unos 93.000 euros) mientras se sigue el proceso en su contra.

Shetumul desestimó así las peticiones del Fiscal contra la Corrupción, Omar Contreras, quien pidió la prisión preventiva del ex gobernante, y de la representante de la Procuraduría General de la Nación, Claudia Bracamonte, que solicitó una fianza de 120 millones de quetzales (unos 15,5 millones de dólares), cifra que se calcula malversó durante su administración.

El ex presidente, quien gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, es acusado por la Fiscalía guatemalteca de los delitos de peculado, abuso de autoridad y sustracción de unos 15,5 millones de dólares, durante su gobierno.

Desde febrero de 2004, cuando se inició el proceso penal en su contra, Portillo se refugió en México, y con el apoyo de un grupo de abogados de ese país, dio una larga batalla para evitar su captura y extradición a Guatemala.

El pasado 30 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México rechazó un recurso de amparo para evitar su solicitada extradición.

En una rueda de prensa tras conocer la resolución judicial, Portillo celebró la decisión del juez, porque, dijo, le permitirá enfrentar con libertad el proceso "que fue montado artificialmente" en su contra.

El ex gobernante guatemalteco afirmó que se sentía "muy satisfecho" y aprovechó el momento para agradecer, también al pueblo, la solidaridad y el apoyo que le han dado durante los más de cuatro años de "persecución".

"Me ha conmovido ver llorar a la gente que está en la calle y eso me ha convencido de una cosa: Que debo estar aquí y hacer más cosas por el pueblo de Guatemala", anotó.

Portillo manifestó que nunca negó que durante su gobierno hubiesen actos de corrupción, pero aclaró que "nunca protegimos a nadie y muchos funcionarios fueron a prisión".

El político aseguró conocer qué conocida familia del país patrocinó la persecución en su contra, pero subrayó que no tiene "odio contra nadie. Perdono incluso a los que ofendieron a mi familia, porque no está en mí odiar, porque sería un enfermo", dijo.

Agregó que, por ahora, sólo piensa en terminar sus memorias para que se publiquen en febrero próximo y que no aspira a ningún cargo de elección popular, aunque adelantó que trabajará con el Frente Republicano Guatemalteco, partido dirigido por el general golpista José Efraín Ríos Montt, el cual lo llevó al poder en 2000.

Según el ex presidente, la Fiscalía guatemalteca se prestó a la "persecución despiadada e injusta" en su contra, e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas guatemaltecas para que logren un acuerdo y se fortalezcan las instituciones públicas.

"Sé que tengo muchos adversarios y enemigos en Guatemala, pero les digo que no tengo odio. No vengo en plan de revanchismo ni venganza, tengo que buscar la forma de ser más útil a mi país", subrayó.

También explicó que decidió entregarse ahora a la justicia, porque si lo hubiese hecho durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) hubiese sido víctima de un "linchamiento", porque "presionaba y no respetó la independencia de poderes".

La resolución judicial sostiene que Portillo no podrá salir de Guatemala mientras la Fiscalía no concluya la investigación en su contra, que tardará al menos seis meses, y tendrá que presentarse al tribunal todos los meses en cumplimiento del fallo del juez.

El fiscal Contreras aseguró que "existen suficientes elementos probatorios" en contra del ex mandatario, y que durante el proceso judicial "lograremos demostrar su responsabilidad en los hechos" de que se le acusan.

De acuerdo con la legislación guatemalteca, el delito de peculado se sanciona como una pena de tres a diez años de prisión, y una multa de 66 a 660 dólares.