Por primera vez, un tribunal japonés declaró ayer inconstitucional el despliegue de fuerzas aéreas niponas en Iraq al considerar que viola la Carta Magna pacifista que está en vigor desde que acabó la II Guerra Mundial.

Un grupo de ciudadanos, entre ellos el ex embajador nipón en el Líbano, denunció el envío de tropas a Iraq con el objetivo de suspender el despliegue de las Fuerzas de Auto Defensa, así como el pago de una indemnización.

El juez Kunio Aoyama del tribunal de Nagoya (centro de Japón) volvió a rechazar ayer, en segunda instancia, la denuncia presentada en febrero de 2004 por más de 3.000 ciudadanos.

La novedad es que por primera vez el poder judicial considera inconstitucional el despliegue nipón en el conflicto iraquí, que actualmente está reducido al transporte de tropas multinacionales entre Kuwait y Bagdad.

Su Constitución prohíbe que Japón participe en conflictos armados y el juez Aoyama estimó que los soldados nipones fueron enviados en una misión relacionada con un acto bélico.

El artículo 9 de la Carta Magna japonesa afirma: "Aspirando con sinceridad a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a su derecho soberano a la guerra, así como a la amenaza o al uso de la fuerza como método para la resolución de disputas internacionales".

El origen de la demanda ciudadana está en el inicio de 2004 con el envío de un contingente de tropas de tierra a Iraq, en misión humanitaria. Desde entonces los sucesivos ejecutivos, todos del gubernamental PLD, han mantenido tropas en el país.