La polémica por la herencia de la Duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Alvarez de Toledo, ha vuelto a los tribunales con los recursos de apelación interpuestos por sus hijos, su viuda, la Fundación Casa Medina Sidonia y las administraciones implicadas contra la sentencia que decretó que sus herederos recibieran más de 33 millones de euros en compensación por los bienes que la aristócrata cedió a la fundación sin tener en cuenta la parte que les correspondía por Ley. El Duque de Medina Sidonia, el mayor de los hijos de la conocida como la Duquesa Roja, ha propuesto ser cotitular de la fundación a cambio de renunciar al cobro de los 16 millones de euros de la legítima que dictaminó el juzgado de Sanlúcar de Barrameda en diciembre de 2015. Leoncio Alonso González de Gregorio, declarado heredero universal, entiende que este patronato “no tiene capacidad económica” para hacer frente a los pagos estipulados por el juez y ha planteado compartir la titularidad de la fundación y así “no desvincularse” del rico patrimonio de sus antepasados. Estos bienes son el Palacio de los Guzmanes de Sanlúcar, sede de la Casa Medina Sidonia, y, su principal “joya”, un archivo con más de seis millones de documentos (el más antiguo del siglo XII) considerado como el más importante de Europa y catalogado como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Andalucía.Los otros dos hijos de la duquesa, Pilar y Gabriel González de Gregorio, sin embargo, están conformes con la decisión que adoptó hace poco más de un año el magistrado que llevó el caso de la herencia. Ambos consideran que la restitución económica que se estableció, seis millones de euros para cada uno, es justa.La Fundación Casa Medina Sidonia, por su parte, se ha mostrado contraria a la resolución judicial y ha negado la mayor en el sentido de que defiende que la “dotación” empleada para la constitución de la entidad “no fue una donación” y, por tanto, “no se puede traer a colación de la legítima”. Asimismo, el abogado de esta institución ha recalcado que no se está cumpliendo la voluntad de la Duquesa Roja, que era que tanto archivo de la Casa Medina Sidonia como el Palacio Ducal “tuvieran un fin público para toda la sociedad, para todo el pueblo”.Respecto la sentencia que califica de “inoficiosas” las donaciones que realizó Luisa Isabel Alvarez de Toledo para la constitución del patronato, el letrado de la fundación ha subrayado que esta resolución “versa en contra de la doctrina de la Unión Europea” en tanto que vulnera “el derecho a la propiedad como un derecho fundamental que contempla tanto la libertad de disponer como la de legar”. La viuda de la Duquesa Roja, Liliane Dahlmann, sólo ha recurrido el dictamen judicial en el punto que afecta a dos fincas ubicadas en el término municipal de Tarifa, en la urbanización Atlanterra. El juez de primera instancia ha estipulado que estos dos inmuebles se escrituraron “de forma simulada” a favor de Dahalmann, por lo que no le corresponde a ésta ni su propiedad ni su disfrute. Así pues, el magistrado ha ordenado que las mencionadas propiedades debían restituirse a la masa hereditaria favorable a los hijos. La viuda no está de acuerdo con esta pérdida patrimonial y ha centrado en ella su recurso. Sobre los cinco millones que debe percibir Liliane Dahlmann de la fundación que precisamente preside, no se han planteado reparos. La decisión de no recurrir el pronunciamiento judicial en lo que al cobro de su parte de la herencia se refiere, ha sido afeado por el abogado del Duque de Medina Sidonia, que la ha tachado de “jugar la partida desde los dos lados del tablero”. A este complejo procedimiento que tiene enfrentados a los hijos de la Duquesa Roja con la que fue su esposa durante unas horas (se casaron poco antes de que la aristócrata falleciera, si bien habían convivido durante 25 años), hay que sumar otras dos partes implicadas, dos administraciones: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sanlúcar, ambos entes patronos de la Fundación Casa Medina Sidonia personados en la causa.La postura que defiende la Junta de Andalucía es clara. Apuesta por la indivisibilidad del legado amparándose en la Ley de Patrimonio tanto estatal como regional. En este sentido, la administración autónomica se muestra a favor de la sentencia –ahora recurrida– que determina que los herederos sean restituidos en términos económicos (monetarios) y no en bienes históricos y culturales. Asimismo, la Junta ha recordado que se están tratando Bienes de Interés Cultural (BIC) con una especial protección, por lo que considera “indeseable” la propuesta de cotitularidad que ha puesto sobre la mesa el Duque de Medina Sidonia.Por último, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha argumentado que la Iglesia Convento de La Merced de la localidad fue cedida en uso por la propia duquesa al Consistorio, mientras que dos de los herederos, Pilar y Gabriel, han hablado de una donación “poco clara”. La Audiencia de Cádiz será la encargada de analizar todos los recursos que se han interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Sanlúcar que ordenaba el reintegro de 33 millones para los tres hijos de la Duquesa Roja y su viuda. Varios implicados han alertado sobre el “serio peligro” que corre la fundación en caso de que el tribunal de la Sección Segunda ratifique el fallo impuesto en primera instancia, ya que podría “desaparecer”, “arruinarse” o “acabar en manos del mejor postor”.