El juez dictó ayer auto de prisión provisional y sin fianza para Manuel Fernández Castiñeiras, el electricista que confesó el hurto del Códice Calixtino. El fiscal especializado en delincuencia contra el patrimonio cultural, Antonio Roma, solicitó también prisión provisional para este ex trabajador de la Catedral de Compostela por "riesgo de destrucción de pruebas".

A Fernández Castiñeiras, detenido el pasado martes por el robo del manuscrito, se le imputan delitos contra la intimidad por apropiarse de correspondencia de personal de la Catedral y vecinos. Además, el auto dictado por el titular del Juzgado número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, le imputa varios delitos de robos con fuerza continuados, hurtos y blanqueo de capitales, delito, este último, que "también se está investigando", como así informó el fiscal a los medios de comunicación.

El electricista, que durante 25 años trabajó en la Catedral compostelana, confesó el pasado jueves ante la Policía que cometió el hurto del Códice, desaparecido hace un año, y que el pasado miércoles fue hallado en un garaje de su propiedad en Milladoiro, en las proximidades de Santiago de Compostela. Al principal acusado por el robo del Códice le encontraron 1,2 millones de euros, 300.000 dólares y una cantidad aún por determinar de pesetas.

"Son muchos delitos, es bastante más serio de lo que en principio se ha publicado", comentó el fiscal tras la declaración del acusado, que se prolongó durante toda la mañana de ayer en los juzgados compostelanos. Antonio Roma, quien reiteró la necesidad de respetar la presunción de inocencia del imputado, señaló que "han habido muchas sustracciones durante muchos años de mucho dinero".

En su comparecencia ante los medios, Roma explicó el alcance de las penas que se le imputan al acusado. De esta manera, el hurto con fuerza puede suponer de tres años y medio a seis de prisión; mientras que por blanqueo de dinero las penas pueden suponer hasta seis años de cárcel.

El fiscal indicó que los delitos contra la intimidad que le ha imputado el juez suponen un mínimo de un año de prisión por cada una de las personas afectadas.

Por otro lado, el fiscal de Patrimonio apuntó que se está analizando si se ha producido algún tipo de daño en el Códice, cuya entrega está prevista para mañana en un acto en el que participará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De haber algún daño, también se le podría imputar un delito contra el patrimonio cultural.

Con respecto a la sustracción, el fiscal expuso que este hurto sólo tiene una pena que oscila entre uno y tres años. "Tenemos un código penal que no está renovado", dejó ver Antonio Roma, quien pide "paciencia" ante la evolución de los hechos.

Por su parte, el juez que lleva la causa abandonó ayer los juzgados sin querer hacer declaraciones del contenido del auto y se limitó a confirmar que "se acabó" la toma de declaración al electricista. Los testimonios de su mujer, el hijo y la novia de éste se retomaron ayer por la tarde y el fiscal pidió también prisión provisional sin fianza para los dos primeros.

Fuentes próximas a la investigación señalaron que durante el interrogatorio que realizaron los agentes de la Brigada de Patrimonio de Madrid, la actitud del principal imputado "cambió"y empezó a "colaborar".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó ayer que la Policía, que "ha trabajado magníficamente", ya conocía "desde hacía mucho tiempo" al autor del hurto, pero la prioridad no era tanto descubrir quién lo robó, sino "encontrar" el libro con la certeza de poder recuperarlo antes de la detención.

Estos agentes, junto con los miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada, seguirán desplegados por Galicia "por lo menos un par de semanas más", según fuentes de la investigación.

La operación, que se dio por terminada ayer, se centrará ahora en analizar la documentación recabada que, según la Policía, es "muy esclarecedora" en cuanto a los robos y a la procedencia del dinero, pues entre el material cuentan con un diario en el que el técnico anotaba todo aquello que robaba y las fechas exactas en las que lo hacía. El objetivo ahora es realizar las investigaciones necesarias para determinar el origen exacto del dinero incautado.