Las cosas se están desarrollando como tenía previsto el Gobierno. Ha sido necesario convocar el Consejo de Ministros y al Tribunal Constitucional para que se pronuncien sobre las nuevas iniciativas de los independentistas, pero también la Mesa del Parlament se ha arrugado y no ha aprobado la ley del referéndum. Siguen mareando la perdiz por miedo a la inhabilitación, la multa o incluso la prisión, nadie firma nada no vaya a ser que lo empapelen.

El coraje no se encuentra entre las virtudes de los dirigentes de Junts pel Sí, sólo se mojan los de la CUP, que son quienes mandan en Cataluña. Puigdemont es una figura patética, que sólo busca convertirse en víctima para ver si de esa manera recompone su deteriorada imagen. Es la razón de que haya anunciado que se va a declarar insumiso ante las decisiones del Constitucional, a ver si con un poco de suerte lo meten unas horas en prisión.

A pesar de que Forcadell se ha achantado, ha empezado la cuenta atrás del procés, porque esa ley necesariamente debe ser aprobada en 12 ó 15 días si pretenden convocar el referéndum el 1 de octubre. Y está preparada ya la respuesta judicial y política correspondiente.

Se quejaba la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra de que el Gobierno abusa de las respuestas judiciales. Que explique qué haría su partido, después del fiasco que provocó Zapatero cuando prometió aceptar el Estatut que fuera aprobado en el Parlament. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Seguramente Rajoy pudo tomar medidas políticas hace tiempo para cortar de cuajo el independentismo. Pero llegado a un punto de no retorno, lo único que los está desbaratando es la aplicación de la ley y la Constitución. Eso sí, pasado el 1-O habrá que iniciar otra estrategia para que Cataluña no sea un problema que pone en riesgo la estabilidad territorial e institucional de España. Una estrategia en la que se escuche más a los nacionalistas, no a los independentistas.