* Son doctores e investigadores de diversos ámbitos científicos y viven en Jerez. ** Ex portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz.

Hace un par de semanas, el Gobierno cambiaba sin conocimiento ni consentimiento de los interesados el tipo de contrato de un número indeterminado de doctorandos/as con graves repercusiones y merma de sus derechos laborales. El escándalo llovía sobre mojado, estallaba en los medios de comunicación y muchas personas, del ámbito de la ciencia, de forma cruda y rigurosa, denunciaban en los medios las consecuencias de este hecho en la comunidad investigadora.

Este despropósito no es más que un hito más del profundo desprecio y el cortoplacismo de determinadas políticas, como la científica, que han venido aplicándose en este país desde el inicio de la crisis. Y es que la precariedad y los recortes se sufren dentro, pero se construyen y reproducen fuera de los laboratorios.

Una ciencia que trabaje para tener una sociedad mejor, más justa, más equitativa y más sostenible, no puede estar soportada sólo en élites pensantes, sino en equipos completos y complementarios, recursos suficientes y objetivos debatidos y consensuados. Y sin duda, el trabajo de la ciencia parte del esfuerzo y desempeño de sus trabajadores y trabajadoras (por cierto, menos del 25% de las profesoras de investigación del CSIC son mujeres), y sus condiciones de trabajo.

En el contexto de desregulación promovido por las distintas reformas laborales, este episodio viene de nuevo a señalar el papel que los sindicatos y la negociación colectiva representan en la articulación de las relaciones laborales como eje fundamental de la protección e impulso de tan necesarios equipos de trabajo. La crisis que atraviesa nuestro país desde 2007 ha desempeñado un papel devastador en el sistema científico español, con repercusiones en el empleo -desempleo, precariedad, inseguridad-, las relaciones laborales, los recursos y la ideología. No en vano, conceptos como la excelencia y la competencia son protagonistas en algunos de los documentos normativos de las políticas científicas y universitarias tales como el Espacio Madrileño de Educación Superior o el propio informe Wert, que, a la vez, contemplaba esta suerte de mano de obra precaria que ha revivido en nuestra memoria de los últimos días con el conflicto de los contratos predoctorales. Excelencia, pero eso sí, a costa de derechos y salarios.

No es la primera vez que desde diferentes ámbitos políticos se defiende la necesidad urgente de una política científica en la concreción de un Pacto por la Ciencia que garantice marcos de apoyo y promoción de las políticas públicas de investigación, así como presupuestos plurianuales que garanticen los recursos necesarios.

Pero también es indispensable la creación de fórmulas de contratación que garanticen la ausencia de precariedad y la estabilidad en el empleo, una lucha histórica de los investigadores que vivió importantes avances y se encuentra en situación de retroceso. Se requieren una Ley de Ciencia y un marco laboral que no deje los equipos a merced de las crisis, los caprichos de un gobierno o los desacuerdos.

Los diferentes modelos de contratación del Personal Docente Investigador Laboral (PDIL) en la universidad y sus avatares, han supuesto una pelea por la estabilidad en el empleo toda vez que las reformas educativas y laborales han ido empujando en la dirección contraria: encajes neoliberales facilitadores del despido y la inseguridad, que difícilmente permiten la consolidación de equipos ni actitudes críticas, tan necesarias en un docente/investigador/a sujeto a una contratación que pende de un hilo.

Es necesario que el colectivo de investigadores/as afectados reciba la preocupación y el respaldo de la sociedad en su conjunto. Con la vista puesta en el horizonte, reclamamos como imprescindible retomar espacios de diálogo, la participación ciudadana y la confluencia de los sectores afectados, la implicación de sindicatos y partidos políticos que comprendan la ciencia como una oportunidad al servicio de la sociedad en su conjunto, una sociedad justa, democrática y sostenible. Reclamamos un Pacto Por la Ciencia, que se nos antoja como imprescindible para el futuro de este país.