El titular, que merecería una portada, era bastante llamativo y alarmante: "Un andaluz paga hasta mil veces más que un canario por una herencia". Y se añadía un dato aún más significativo: "Un soltero de 30 años que recibe 800.000 euros abona 164.049 en impuestos frente a los 134 de un caso similar en las islas". Sin embargo ambos titulares fueron relegados a las páginas de Economía, que seguramente tienen menos lectores. Ha arreciado afortunadamente en los últimos tiempos la información en torno a esa intolerable e inconstitucional desigualdad entre los contribuyentes españoles, fomentada por los insaciables y obsesivos depredadores del patrimonio, las herencias y los ahorros del ciudadano. La declaración del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017, que confirma estos extremos subraya la necesidad de acometer una reforma global del sistema de financiación autonómica dado que el modelo es "anárquico, desigual e indescifrable". Lo cual suscita la consiguiente alarma social.

Hace unos días se hacían públicos también los datos del Consejo General del Notariado según los cuales en Andalucía entre 2007 y 2014 han aumentado un 320% las renuncias a las herencias por no poder hacer frente al pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es todo un clamor cómo los colectivos profesionales y una gran mayoría de andaluces -especialmente los más afectados - reivindican la supresión de este impuesto que está provocando una auténtica estampida, un masivo "éxodo fiscal" hacia otras comunidades que lo han suprimido y reducido exhaustivamente con el consiguiente perjuicio para Andalucía y su renqueante economía. El Gobierno andaluz viene haciendo oídos sordos a tan sonora demanda que sólo atendió parcialmente, tímidamente y de manera insignificante al requerimiento de su servil socio de legislatura Ciudadanos. Algo realmente irrelevante, gravando más a los andaluces, lo cual no significa una mejora de la situación económica de la región con la mayor tasa de paro, el mayor fracaso escolar y otros negativos indicadores.

Signos tan desfavorables como estos marcan notables diferencias entre unas comunidades autónomas y otras y urgen a terminar con tributos tan injustos como el del patrimonio que ya se paga por medio del impuesto de bienes inmuebles. Según el presidente del Consejo General de Economistas la incidencia que eso supone en el presupuesto regional "es mucho menor que la que puede tener de cara a los votantes". Tome buena nota el ciudadano en su opción electoral al elegir al partido, casi un régimen, que esquilma implacablemente su patrimonio, sus bienes heredados, sus ahorros y el tramo autonómico del IRPF y no se deje convencer, como muy bien dice un buen amigo mío, por quien hace un hábil y maledicente uso de la publicidad en gentes de poca información, de resignada aceptación y del voto cautivo. Es alarmante que un sistema político se haya convertido en un insaciable y voraz recaudador.

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