LA alcaldesa Pilar Sánchez anunció ayer la readmisión de los 17 trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo que decidió despedir hace cuatro meses alegando que eran innecesarios en la nómina del organismo autónomo. Esta readmisión es consecuencia del fallo judicial que consideró improcedentes los despidos y que obligaba a ello o a indemnizar a los trabajadores. El argumento municipal para optar por lo primero es que al haberse disuelto la Gerencia de Urbanismo el pasado 31 de enero, ahora sí es posible recolocar a los trabajadores en áreas municipales donde sean necesarios. Pero lo cierto es que este asunto estaba desgastando en demasía y sin necesidad al gobierno municipal y al PSOE le 'quemaba' en las manos en unas fechas próximas a las elecciones. El encierro de los trabajadores en la Catedral duraba ya veinte días y de hecho aún dos trabajadores no readmitidos del Área de Movilidad siguen allí. Nadie duda de la intención de Pilar Sánchez de poner orden en la abultada nómina municipal tras su llegada a la Alcaldía con holgada mayoría tras las elecciones de mayo de 2007. Pero los hechos, y la decisión del juez, han demostrado que se precipitó y que los despidos debieron realizarse de otra manera, pues no se puede tratar de acabar con una ilegalidad cometiendo otra. Por supuesto, el resultado de la decisión judicial no puede justificar nunca la campaña de acoso y derribo, con malas artes, que han llevado algunos elementos afines a los trabajadores despedidos contra la alcaldesa y otros miembros de su gobierno. Tal vez por ello, la decisión de la readmisión y el reconocimiento de la alcaldesa de que se ha podido equivocar "y no se me caen los anillos por ello" -dijo ayer- se hizo pública junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, pues se trata de aprovechar esta circunstancia para acabar con el clima tan tenso que se ha instalado en el Ayuntamiento a nivel laboral, desmarcando a la CGT, que es el sindicato que cuenta con la mayoría en los órganos de representación laboral municipales. Atrás quedan cuatro meses de desgaste personal, político y también económico, pues el Ayuntamiento, que trataba de ajustar costes, debe pagar ahora a los 17 readmitidos los salarios de trámite.

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