EN España y en la mayoría de países de nuestro contexto sociocultural, las federaciones deportivas son entidades privadas que, sin embargo, además de sus atribuciones propias, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando entonces como agentes colaboradores de la Administración. Por ello, las federaciones deportivas vienen consideradas como entes de utilidad pública con un generoso régimen fiscal. Además, en el modelo asumido por la vigente legalidad, se les confiere a las federaciones deportivas la gestión exclusiva de su modalidad deportiva ("monopolio de gestión"), se les otorga su representación en el ámbito internacional y se les conceden cuantiosas subvenciones para el desarrollo de su actividad.

Obviamente, como consecuencia de lo anterior, el Estado somete a las federaciones deportivas a un régimen sensiblemente publificado, en el que se reserva al Consejo Superior de Deportes la aprobación definitiva de sus estatutos, un permanente control de legalidad, la fiscalización de sus cuentas y, en lo que ahora nos interesa, la supervisión de los procesos electorales federativos.

Las federaciones deportivas soportan, de este modo, una doble dependencia: de una parte, dependen de sus federaciones regionales e internacionales; de otra, están sometidas, según lo expuesto, a sus Derechos nacionales, en este caso, el ordenamiento jurídico español. Concretándonos al fútbol, la RFEF depende tanto de las normas y reglamentaciones emanadas de la UEFA y de la FIFA como de las disposiciones impuestas por el Estado español. Esta doble sujeción viene reconocida por la propia RFEF cuando, en sus estatutos, declara que "está afiliada a FIFA y UEFA, cuyos estatutos acepta y se obliga a cumplir, ello, desde luego, dentro del ordenamiento jurídico español".

El problema surge, inevitablemente, cuando las normas privadas UEFA-FIFA son contrarias al Derecho público nacional, cuando, en definitiva, las reglamentaciones deportivas no son compatibles con el ordenamiento jurídico español. Ello es lo que sucede, en estos momentos, con las elecciones en la RFEF.

El Consejo Superior de Deportes, en uso de las facultades que le confiere la legalidad vigente, ha aprobado la Orden de 8 de diciembre de 2007, en la que se determina que las federaciones nacionales que no estén clasificadas para los Juegos Olímpicos, como es el caso de la RFEF, deberán convocar sus procesos electorales en este primer trimestre de 2008.

Ante ello, la RFEF, a la que no interesa convocar elecciones antes de que concluya la presente temporada, se acoge al Código Electoral Modelo de FIFA, en vigor desde el pasado 1 de enero, que prohíbe, en este orden, cualquier intromisión pública. En concreto, establece el Código que "no se permite ninguna clase de injerencia gubernamental en el proceso electoral ni en la composición del cuerpo electoral (asamblea y congreso) de una asociación miembro de la FIFA" y que, "por lo tanto, no se aplicarán las normas gubernamentales que regulen las elecciones a los órganos de gobierno de una asociación miembro de la FIFA, ni tampoco se someterán las normas electorales a la aprobación de ningún órgano gubernamental".

Por su parte, el presidente de FIFA, Joseph Blatter, ha advertido, con apoyo expreso a la RFEF, que la actuación de las autoridades españolas comporta una injerencia en la gestión privada del fútbol que, de mantenerse, comportará la expulsión de nuestro país de las competiciones internacionales, tanto a nivel de clubes ("Champions League" y Uefa) como de selecciones (Eurocopa 08).

Se ha generado, pues, una situación complicada, en la que, sin duda, subyace el contencioso mantenido por el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, con la plataforma "Federación para Todos" (Mateo Alemany, Javier Tebas) y el propio Consejo Superior de Deportes.

A mi modo de ver, la posición de la RFEF y de FIFA es inadmisible en tanto pretende eludir el cumplimiento de disposiciones legales legítimamente aprobadas, como inadmisible sería que la propia FIFA pretendiese incumplir las normas de Derecho suizo conforme a las que está constituida. La RFEF puede aún negociar con el Consejo un aplazamiento de la convocatoria de sus elecciones al segundo semestre y, desde luego, mantener la impugnación de la normativa reguladora, pero se equivoca propiciando el enfrentamiento y tratando de imponer (en su proceso electoral y en el de las federaciones autonómicas) un código, el de la FIFA, que contradice lo establecido por el ordenamiento jurídico español y al que nunca debió prestar su apoyo para evitar incidentes como el ahora planteado.

Profesor de la Universidad de Cádiz y vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo