La diferencia entre la Administración de Justicia y la política es ésta: hubiese sido más conveniente que la juez Carmen Lamela no hubiese enviado a prisión a los miembros del depuesto Gobierno catalán. Desde un interés político habría sido magnífico que la juez los hubiese puesto en libertad bajo fianza, y que a la vez hubiera solicitado la detencion de Puigdemont y de los otros huidos. Pero la Justicia no es la política, Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 con una astucia de la que la juez no tiene por qué ser partícipe.

Los acusados llevan dos años, organizados, conspirando para segregar una parte de España. Para ello, han utilizado fondos públicos y han utilizado a dos organizaciones sociales para movilizar a las masas en función de este interés. Algunas veces con un objetivo intimidatorio. La cúpula del movimiento ha sido llamado el "Estado Mayor" del proceso, un grupo ajeno a las instituciones, pero formado por dirigentes del Gobierno y del Parlamento. Organizaron y ejecutaron el referéndum y, posteriormente, declararon nacida la república catalana y mantienen su vigencia.

Un tribunal decidirá si todos estos hechos constituyen un delito de rebelión o de sedición, si hay malversación o sólo prevaricación, pero lo que hace la juez es constatar si son necesarios estos encarcelamientos para los siguientes supuestos: para que no se destruyan pruebas, para que no reiteren en el delito y para que no se fuguen. La presencia de Puigdemont en Bruselas es tan perjudicial para los acusados como el escrito de la Fiscalía. Y más que ello ha sido que el ex presidente anuncie que todos ellos actúan de modo coordinado, pero con distintos papeles: unos en Bélgica, otros en España, pero con el objetivo de defender la república. Se instalaron hace dos meses en una ilegalidad tolerada hasta este momento.

Por tanto, además del evidente riesgo de fuga, hay una voluntad de reiterar en el alzamiento contra el Estado español y ése, además, es el motivo por el que han decidido presentarse a las elecciones auntonómicas del 21 de diciembre.

El encarcelamiento de los ex consejeros es una medida de gran dureza, pero hay motivos, otra cosa es que nos parezca adecuada desde el punto de vista político, que no lo es. Ahora bien, la organización que han pergueñado durante estos dos años para independizar a Cataluña iba a seguir funcionando, simplemente se estaban adecuando a otro escenario. Eso es un Estado, otra cosa es el Gobierno.