LAS juntas de jueces celebradas el pasado miércoles arrojaron un resultado inequívoco: la mayoría de los asistentes se decantaron por ir a la huelga en defensa de las reivindicaciones pendientes sobre dotación de medios, informatización de la administración judicial, facultad de fijación de juicios y aumento de retribuciones, entre otras. En veinticuatro provincias las asambleas acordaron que el paro se hiciera efectivo el 18 de febrero, desbordando a las asociaciones profesionales, que intentaban flexibilizar la medida de presión, postergando la huelga para el mes de junio a fin de dar tiempo a la negociación con el Ministerio de Justicia. Se puede afirmar que el recurso a la huelga casi inmediata fue impulsado sobre todo por los jueces de base, en cuyos juzgados se sufren con más intensidad los problemas que viene arrastrando la Justicia. El movimiento de protesta de los jueces tiene en contra al Gobierno y a su propio órgano de organización interna, el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno, por boca de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en la raíz corporativa de la protesta, organizada sólo después de la sanción impuesta al juez Tirado por el caso Mari Luz, y a pesar del esfuerzo de inversión en la Administración de Justicia y el nombramiento de jueces realizado por el Ejecutivo. El Consejo, por su parte, ha acusado a los huelguistas de irresponsabilidad y advertido que, de llevar adelante su iniciativa, producirán indefensión en los ciudadanos, afectando a su derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la vigente Constitución. La doctrina acerca del derecho de huelga de los jueces es variada, aunque quizás sea mayoritaria la que subraya la inexistencia de este derecho en la medida en que el conjunto de jueces integra uno de los poderes del Estado, lo que hace inviable que tengan derecho a ponerse en huelga. Sea como fuere, insistimos en que todavía queda margen para la negociación. Con cesiones por ambas partes sería factible alcanzar un acuerdo que haga imposible el recurso a la huelga. Los presupuestos de la Administración de Justicia siguen siendo insuficientes para dar cobertura a las necesidades crecientes que plantea la compleja vida actual, pero ver a los jueces convertidos en huelguistas deterioraría aún más la imagen de la Justicia y dañaría la confianza de los ciudadanos en ella, ya de por sí suficientemente menguada. La huelga debe ser evitada. Todos los agentes implicados han de evitarla.