A prácticamente cuatro meses de que se cumpla el décimo aniversario del vertido tóxico de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla), el caso ha desembocado en un insólito limbo jurídico después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en que, en cumplimiento del principio de que quien contamina, paga, reclamaba a la compañía minera el pago de los 89,9 millones de euros que costó a los contribuyentes andaluces y españoles la subsanación de los daños causados por la riada tóxica. Anteriormente, la juez de Sanlúcar la Mayor archivó las diligencias abiertas por entender que de la actuación de Boliden no podía derivarse una responsabilidad penal. Después, la Audiencia Provincial desestimó otra reclamación del Gobierno andaluz por la vía civil al considerar que la vía procedente era la administrativa. Ahora, la tesis del TSJA es justamente la contraria, ya que ha dictaminado que no es posible la utilización de procedimientos administrativos para el ejercicio de acciones civiles. Por tanto, en un caso que creemos sin precedentes, la Justicia, mediante resoluciones incluso contradictorias, ha determinado que no existe ninguna vía -ni la penal, ni la civil, ni la administrativa- para que Boliden asuma sus responsabilidades por un vertido que ha costado a las arcas públicas 89,9 millones de euros, lo cual deja a la multinacional sueca instalada en la impunidad más absoluta y en entredicho a nuestro propio ordenamiento jurídico. Pese a lo kafkiano de la situación y la larga duración de esta historia, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha decidido no arrojar la toalla, siquiera sea por agotar todas las vías y para que Boliden no se vaya de rositas. Ha anunciado un recurso de casación al Tribunal Supremo para que el Alto Organismo le indique qué ha de hacer y a quién puede dirigirse, por entender que ha de haber al menos una salida y que el caso no puede quedar archivado en todas y cada una de las jurisdicciones. Creemos acertada la insistencia de la Junta en recuperar el dinero de los contribuyentes y pedir el amparo de la Justicia en un caso ante el que los jueces no deben acabar como Boliden: haciéndose los suecos.