LO ha negado hasta la saciedad, y esta periodista pensaba que tenía razón el ministro Rubalcaba cuando reaccionaba con tanto desdén ante el acoso al que le sometía el PP por el caso Faisán.  Nombre con el que se identifica el “soplo”  que recibió el responsable de ese bar, Joseba Elosúa, para que no se moviera de casa. Elosúa era el hombre  que  ponía en contacto con ETA a los empresarios que, bajo amenaza, se disponían a pagar el llamado impuesto revolucionario. Miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado daban a entender que Rubalcaba trataba de proteger a un infiltrado en la banda terrorista, un “topo”,  y por tanto la especie de que el PP actuaba con absoluta irresponsabilidad al insistir en la investigación caló en muchos sectores. Y caló en la abajo firmante, que creyó esa versión.

Un juez muy joven, Pablo Ruz, de estirpe de abogados y jueces, decidió indagar lo que Garzón había archivado deprisa y corriendo con el visto bueno de la Fiscalía. Al mismo tiempo que se reiniciaban las investigaciones judiciales, dirigentes del PP comentaban en privado que también ellos habían creído inicialmente que podía tratarse de un asunto delicado en el que había que garantizar la seguridad de un infiltrado en la banda, pero que tras las oportunas consultas tenían la certeza de que no era así. Y miembros de la Guardia Civil que son fuente fiable,  ahora también desmienten ese extremo. Es decir, que a medida que pasaba el tiempo se concretaba que había caso y que Cospedal y Gil Lázaro no se equivocaban al insistir en sus exigencias de que había que ir al fondo del asunto. Porque ese asunto, no hay que olvidarlo, se produjo en mayo de 2006, cuando el gobierno de Zapatero negociaba un supuesto “proceso de paz” con la banda terrorista y actuaba con más que tibieza ante ETA, y Zapatero acababa de proceder al relevo en el Ministerio del Interior nombrando a Rubalcaba  sustituto de Alonso.

Rubalcaba se ha empeñado personalmente en la desarticulación de la banda; lo ha hecho sin dudas,  con la máxima contundencia y desde todos los frentes, el policial, el político, el judicial y el económico, a veces incluso contra el criterio del propio presidente de Gobierno.  Pero tras los últimos datos conocidos del caso Faisán está obligado a dar explicaciones, a tomar medidas, a  sajar si hace falta sajar. Porque no se puede tolerar que el número dos de su Ministerio, el responsable directo de la lucha antiterrorista, que además es fiscal de profesión, sea el aparente inductor de la operación que sirvió para alertar telefónicamente a Elosúa de que iba a ser seguido cuando se pusiera en contacto con ETA; con las llamadas telefónicas que le hicieron altos mandos policiales se evitó su detención y sobre todo  la de los miembros de ETA responsables de la recaudación.